La Eurocámara muestra dudas por la carga burocrática y el coste para agricultores de la reforma de la PAC

La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha mostrado este miércoles sus dudas sobre el impacto de los cambios que propone Bruselas para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que la UE debe negociar para 2014, en especial por la carga burocrática o los costes adicionales que pueden acarrear cambios como el 'reverdecimiento' de esta política agraria.

El ponente para la PAC de esta comisión, el socialista portugués Luis Manuel Capoulas Santos ha criticado que Bruselas no haya recogido la petición de dotar a la PAC con un presupuesto suficientemente fuerte. La Comisión plantea un "recorte importante" y con él "la nueva PAC no cumplirá su objetivo" de garantizar la seguridad alimentaria y larenta justa para los productores, según el eurodiputado.

El presidente de la comisión europarlamentaria, el socialista italiano Paolo de Castro, ha destacado que la UE encara una reforma "de enorme importancia" que debe afrontar el riesgo "sistémico" de la volatilidad de los precios, por lo que los agricultores necesitarán nuevas herramientas para gestionar la situación. Además ha pedido al comisario una nueva reunión para continuar "lo antes posible" el debate iniciado este miércoles.

La reforma que plantea el Ejecutivo comunitario será negociada en el próximo año y medio entre los gobiernos de los 27, la Eurocámara y Bruselas. El primer intercambio de puntos de vista formal a 27 tendrá lugar el próximo jueves 20 de octubre, cuando los ministros de Agricultura europeos asistan a su reunión mensual, esta vez en Luxemburgo.

Las principales novedades del documento aprobado por el Colegio de Comisarios se centran en medidas para favorecer un reparto "más justo" entre sectores y regiones, con el objetivo de equilibrar el gasto agrícola europeo, y también para apoyar los esfuerzos medioambientales con fondos adicionales para los agricultores más 'verdes'.

También plantea una reducción progresiva para las ayudas a partir de 150.000 euros y un techo máximo de 300.000 euros anuales por explotación, con una salvaguarda para no penalizar la creación de empleo.