Primera huelga general conjunta de jueces y fiscales en España

Jueces y fiscales concluyen así sus protestas para reclamar unas cargas de trabajo saludables, más autonomía presupuestaria del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial, entre otros asuntos, después de haber hecho cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes.

A estas reclamaciones se suman el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial. Por su parte las asociaciones de fiscales piden la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales.

La huelga de hoy está convocada de forma mayoritaria por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

Miembros de la carrera judicial y fiscal han salido en cada uno de estos paros a las puertas de los juzgados de toda España para hacer visibles estas reclamaciones. Incluso, los nueve miembros del Consejo Fiscal y otros de la cúpula del Ministerio Público se concentraron el pasado 10 de mayo durante unos minutos para secundar la movilización.

"No hemos tenido la respuesta por parte del Ministerio de Justicia que esperábamos, que era que se atendieran nuestras peticiones", afirmó el juez decano de Málaga, José María Páez, durante el último paro. En la misma línea se manifestó el portavoz en la Comunidad Valenciana de la Asociación Francisco de Vitoria, Miguel Ángel Casañ, que dijo que las reivindicaciones no se han visto "satisfechas tras las muchas conversaciones de última hora que se han mantenido con el ministro y con el Consejo --General del Poder Judicial (CGPJ)--", entre otras administraciones.

"Estamos obligados a perseguir nuestras reivindicaciones por el bien de la justicia y por el bien de nuestra situación profesional. Seguimos adelante, nos duele de alguna forma bastante, no nos gusta en este colectivo hablar de huelgas y paros, nos repugna en cierta forma", ha lamentado.