Embargan la finca de Totalán donde murió Julen para pagar lo que costó su rescate
Por valor de 885.300 euros
La deuda podría ascender a 1.500.000 euros
El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha declarado el embargo de la finca de la localidad malagueña de Totalán donde está el pozo en el que murió Julen a su propietario, David Serrano, acusado en relación con los hechos ocurridos el pasado mes de enero, cuando el pequeño cayó en dicha perforación de más de 70 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro.
Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que se recuerda que este embargo se produce después de que se hubiera requerido al acusado que pagara una fianza civil de 885.300 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en relación con las tareas de rescate llevadas a cabo.
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Serrano, acusado por un delito de homicidio por imprudencia grave, se declaró la pasada semana insolvente y presentó una demanda de solicitud de concurso voluntario de deudor persona física ante "la avalancha" de reclamaciones, "no pudiendo ni ahora ni en el futuro cumplir con una deuda que podría ascender a 1.500.000 euros, sumando los conceptos de responsabilidad civil y sanción administrativa".
Al respecto, ahora, el juzgado señala en un decreto que dicha solicitud no consta admitida por el órgano judicial correspondiente y que hasta que eso no ocurra no tendrá efecto la posible declaración de concurso voluntario que ha sido pedida; por lo que declara el embargo de la finca de Totalán para cubrir el importe de la fianza civil acordada.
No obstante, se hace constar que el valor catastral de la parcela "es insuficiente para asegurar la totalidad de las responsabilidades civiles exigidas" y se precisa que no se realiza el embargo de la pensión que el acusado percibe "al ser esta por su cuantía inembargable".
La Fiscalía pide tres años de prisión y la acusación particular, en nombre de los padres de Julen, tres años y medio. La defensa, por contra, se opone a estas peticiones y considera que los hechos no se pueden encajar en ese delito y mucho menos que su cliente tuviera responsabilidad; al tiempo que han venido cuestionando la imparcialidad de la instructora y en el caso de este último decreto han lamentado que está "plagado de errores".