HRW solicita la liberación de todos los presos políticos de Birmania

Human Rights Watch ha dado la bienvenida a la decisión del Gobierno birmano de liberar a 120 prisioneros políticos, pero ha solicitado la puesta en libertad de todos ellos y ha solicitado que se implementen reformas legales para asegurar el respecto a los derechos y libertades fundamentales.

El 12 de octubre se procedió a la liberación de al menos 120 prisioneros políticos como parte de una amnistía del Gobierno concedida a 6.359 reos por "ser de avanzada edad, sufrir de mala salud o discapacidad o por mejora en su comportamiento".

"Estos prisioneros políticos liberados han sufrido lo indecible y nunca debieron haber sido puestos en las miserables cárceles de Birmania, en primer lugar", ha dicho la subdirectora para Asia de HRW, Elaine Pearson. "Las leyes que les llevaron a prisión están todavía en vigor y pueden ser usadas de nuevo en cualquier momento. Si el Gobierno quiere mostrar que es verdaderamente diferente de sus predecesores, debe convocar al Parlamento y abrogar las leyes que criminalizan la libertad de expresión pacífica", ha agregado.

Por ello, HRW ha pedido al Ejecutivo birmano que se proceda a la liberación de todos los prisioneros sentenciados por llevar a cabo actividades políticas pacíficas, independientemente de los cargos interpuestos por las fuerzas de seguridad para reprimir a la disidencia.

Tras las protestas políticas de agosto y septiembre de 2007, el número de prisioneros políticos se duplicó, alcanzando los 2.100. Muchos de ellos fueron condenados en base a provisiones someras del Código Penal o en base a la Ley de Transacciones Electrónicas, diseñada para que los birmanos no puedan conceder entrevistas o enviar información a medios extranjeros.

"En algunos casos, las autoridades crearon cargos de posesión de explosivos, armas de fuego o pornografía, así como cargos por sedición, blasfemia o llamamiento al motín", ha indicado la organización a través de un comunicado.

"Durante décadas ha habido una puerta giratoria para la entrada y salida de la cárcel de muchos activistas políticos", ha dicho Pearson. "La prueba real será si el Ejecutivo detiene sus encarcelaciones por criticar al Gobierno o al Ejército", ha agregado.

Para ello, HRW ha solicitado que se ponga fin a todas las leyes que restringen los derechos reconocidos internacionalmente a la libertad de expresión, asociación y asamblea y que se ordene a las fuerzas de seguridad que detengan los arrestos contra activistas pacíficos.

Además, considera que se necesita una reforma antes de la segunda ronda electoral, que se tendrá lugar a finales de 2011, a través de la enmienda de la Ley de Registro de Partidos Políticos para garantizar a los partidos opositores que podrán tener participación política sin restricciones.

Asimismo, ha reclamado que se ponga fin a los abusos cometidos por el Ejército en las áreas con conflictos étnicos, incluyendo los asesinatos sumarios, los ataques contra los civiles, la tortura y los trabajos forzados. Por último, ha exigido que las ONG y las organizaciones de monitorización de Derechos Humanos puedan acceder a dichas zonas.