Arranca el macrojuicio contra los responsables del mayor brote de listeriosis en España, que se saldó con cuatro fallecidos, siete abortos y más de 240 intoxicados por consumir carne mechada contaminada
Se cumplen siete años del mayor brote mortal de listeriosis en Sevilla
En agosto de 2019, la madre de los gemelos Pablo y Javier adelantó el parto de forma abrupta por culpa de la listeriosis que le provocó un montadito de carne mechada de la empresa Magrudis que se había comido en Sevilla.
El brote de listeria, el más grave registrado en España, se saldó con cuatro fallecidos -uno de ellos un bebé recién nacido-, siete abortos y secuelas de distinto tipo en unas 240 personas intoxicadas por ingerir la carne contaminada con la bacteria de la marca 'La mechá'.
Los dos hermanos gemelos tienen hoy siete años y arrastran graves secuelas derivadas de aquella infección. Su familia reclama a los responsables de la crisis sanitaria una indemnización que supera los 8 millones de euros, intereses legales incluidos, casi el triple de los tres millones que pide la Junta de Andalucía por los gastos ocasionados.
Arranca el macrojuicio
Siete años después de la crisis, este viernes 16 de octubre ha arrancado el juicio contra los dueños de la empresa cárnica en la en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, con las cuestiones previas.
Según el abogado de la familia, Manuel Parrilla, en el procedimiento figuran tres aseguradoras: Axa, que cubría a Magrudis, y AIG y Zurich, vinculadas a la veterinaria municipal que también está acusada.
Parrilla ha criticado la pasividad del Ayuntamiento de Sevilla, que aparece como responsable civil subsidiario a petición de la Fiscalía. El letrado reprocha que no se tomó ninguna iniciativa en favor de las víctimas "pese a que existen indicios de responsabilidad de una funcionaria municipal" por no haber realizado las inspecciones que eran obligatorias.
Por tanto, solicita tanto a las compañías aseguradoras como al Ayuntamiento hispalense que, en la medida de sus posibilidades, contribuyan a aliviar el sufrimiento que esta familia lleva padeciendo desde hace siete años "por culpa de un simple montadito de carne mechada".
Está previsto que este complejo macrojuicio se celebre durante 43 sesiones que se prolongaran hasta enero de 2027. En el banquillo se sentarán seis personas acusadas de comercializar productos contaminados y de ocultación de información.
Penas de cárcel
Se trata de cuatro miembros de la familia propietaria y encargada de gestionar la empresa Magrudis, además de un arquitecto técnico contrado por la empresa y una inspectora veterinaria municipal.
La Fiscalía reclama once años y medio de prisión para el administrador de hecho, Antonio Marín Ponce, y para su hijo Sandro José Marín Rodríguez como administrador único, y diez años de prisión para su otro hijo Mario Marín Rodríguez, administrador único de la mercantil Elaborados Cárnicos Mario, y para Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de Sandro José por su papel como responsable de Magrudis. No presentó acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento, quien figura como acusada en la causa.
Homicidio por imprudencia
El Ministerio Fiscal detectó respecto a los hechos un supuesto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y un último delito de falsedad en documento oficial.
La acusación particular ejercida por Facua en representación de 64 afectados, ha pedido para los encausados penas de prisión de entre cuatro y doce años, según la gravedad de los delitos, además de las indemnizaciones que se determinen.
También pide para la inspectora veterinaria del Ayuntamiento un total de diez años y un día de prisión por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia y por falsedad en documento público y una pena de dos años años de prisión para el arquitecto técnico.
Indemnizaciones
En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía ha pedido que todos los acusados excepto el arquitecto abonen 141.040 euros al Ayuntamiento de Sevilla y 800.000 euros a la Junta de Andalucía para cubrir los gastos que ambas administraciones tuvieron que afrontar.
La aseguradora AXA deberá responder de forma directa al ser la entidad que cubría a Magrudis. Esta compañía ya ha depositado 300.000 euros en el juzgado de instrucción a favor de las víctimas y de los afectados.
También tendrán que indemnizar con 5.861 euros a Endesa por el fraude eléctrico y habrán de compensar económicamente por los cuatro fallecimientos, los abortos y las "lesiones y secuelas" del resto de afectados, con AXA de nuevo como responsable "directa" de responder y el Ayuntamiento hispalense como responsable civil subsidiario, según el escrito de acusación de la Fiscalía.