El Govern catalán abre expediente para revisar las actuaciones en los presuntos abusos sexuales a una niña tutelada

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya,
La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, durante una sesión plenaria en el Parlament de CatalunyaEuropa Press
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BarcelonaLa Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente informativo para revisar qué actuaciones se activaron en 2021, cuando se detectaron presuntos abusos sexuales por parte de una red a una niña que estaba a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia).

El caso, denunciado en 2021, afecta a diversos menores de edad y está siento investigado por las autoridades judiciales y policiales, y una de las víctimas, una niña de 12 años, vivía en un centro de la Dgaia cuando se habrían producido las agresiones. El personal educativo del centro detectó indicios de abusos y activó los protocolos pertinentes, cuya intervención permitió tramitar la denuncia y se pudieron realizar las detenciones, ha señalado el departamento.

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La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha solicitado este miércoles comparecer en el Parlament para explicar los mecanismos de prevención, protección y atención a la infancia de la Dgaia. En la intervención, informará sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el departamento a raíz del caso de la presunta red de pederastia y prostitución en la que habría resultado víctima una niña que se encontraba bajo la guardia de la administración.

Identificar posibles carencias o ámbitos de mejora

El objetivo del expediente es revisar en profundidad la cronología de los hechos, identificar posibles carencias o ámbitos de mejora y reforzar los mecanismos de protecciones de los menores que son víctimas de violencia sexual.

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El Govern ha afirmado que con la comparecencia quiere reiterar su "compromiso absoluto" con la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, así como la transparencia y la mejora continua de los protocolos de actuación de riesgo y de violencia sexual contra la infancia.