Los deepfakes empezarán a ser delito: el Gobierno protege la imagen y la voz frente a la IA
Han afectado tanto a ciudadanos anónimos como a personajes conocidos
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La rápida expansión de la inteligencia artificial ha abierto un vacío legal que, hasta ahora, dejaba sin protección a muchas víctimas de su uso indebido. Una de las manifestaciones más preocupantes son los deepfakes, vídeos o audios falsos generados mediante IA que reproducen de forma hiperrealista la imagen o la voz de una persona. A partir de ahora, su utilización tendrá consecuencias penales.
El Gobierno ha decidido incluir los deepfakes en el catálogo de delitos contra el honor y el derecho a la propia imagen. Con esta medida, se refuerza la protección frente a estafas y usos fraudulentos de la identidad, cada vez más frecuentes, que han afectado tanto a ciudadanos anónimos como a personajes conocidos, incluidos presentadores de televisión y figuras públicas.
La reforma se articula mediante la actualización de una ley de 1982, adaptándola al contexto tecnológico actual e incorporando de forma explícita el término inteligencia artificial
El texto considera ilegítimo el uso de la imagen, la voz o incluso el nombre y el prestigio de una persona generados por IA con fines comerciales o publicitarios sin su consentimiento.
La normativa contempla algunas excepciones. Queda permitido el uso de imágenes o voces generadas por IA de personas con proyección pública cuando se enmarquen en contextos creativos, de sátira o ficción, o cuando exista un claro interés público y un contenido informativo relevante. El objetivo, según el Ejecutivo, no es limitar la libertad de expresión, sino frenar la desinformación y las vulneraciones de derechos fundamentales.
En este sentido, la ley también refuerza el derecho de rectificación, que se extenderá a plataformas digitales y redes sociales con más de cien mil seguidores
Una medida dirigida a combatir la difusión sistemática de bulos y noticias falsas, especialmente aquellas que puedan dañar el honor o la reputación de personas públicas. Con esta reforma, el Gobierno pretende poner límites claros al uso de la inteligencia artificial y dejar claro que, en el entorno digital, no todo vale.