Ante la avalancha de críticas de Apple, Microsoft o Google, entre otros, las autoridades del país se han excusado en que esta ley podría ayudar a prevenir los atentados terroristas y a combatir el crimen organizado. Sin embargo, desde la coalición de empresas tecnológicas Reform Government Surveillance (RGS) aseguran que esta normativa socava la seguridad cibernética, los derechos humanos y el derecho a la privacidad de los usuarios.
“La nueva ley australiana es profundamente defectuosa, demasiado amplia y carece de herramientas de control independientes sobre estas nuevas facultades”, han asegurado a través de un documento. Por ello, instan al Parlamento australiano a ratificar estas deficiencias de la ley, tal y como ha publicado RT.
Esta nueva normativa, además, podría servir de precedente para que otros países elaboraran legislaciones semejantes. En España, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, que entró en vigor también el 7 de diciembre, los partidos políticos pueden recopilar datos y crear perfiles de los ciudadanos a partir de su identidad en la red.