El Gobierno logra a las puertas de las elecciones desbloquear la ley de vivienda. ¿Qué pasa con los desahucios? Pues se prohíbe que se lleven a cabo sin fecha y hora predeterminada. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables. No solo eso, las CCAA podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos.
Por primera vez se reconoce la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política que tenga como objetivo ofrecer alternativa habitacional a estas personas y familias.
El acuerdo alcanzado por los partidos del Gobierno de coalición y los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda incluirá finalmente una rebaja del concepto de gran tenedor, que se considerará así a partir de la propiedad de cinco inmuebles y no de diez como hasta ahora, y ampliará la declaración de zonas tensionadas del mercado alquiler, donde el precio de los alquileres están topados.
Según consta en el acuerdo, presentado en el Congreso por los portavoces de EH Bildu y ERC, Oskar Matute y Pilar Vallugera, respectivamente, en materia de subidas de alquileres, la norma mantendrá también el límite del 2% para este año, mientras que se incrementará a un 3% en 2024 para, en el futuro, crear un nuevo tope.
En concreto, se eliminará el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos, al considerar los grupos parlamentarios que la inflación "ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes".
De este modo, durante 2023 se aplicará el límite del 2% en vigor, mientras que en 2024 será del 3% y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, con el objetivo de que sea más estable e inferior a la evolución del IPC y que tope los aumentos de la renta por la renovación anual.
Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario