El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) considera que "los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de administración desleal ni del de apropiación indebida sostenido por las partes acusadoras".
Los altos cargos de la entidad financiera estaban acusados de haber elevado sus retribuciones en el 2010, en plena crisis, provocando un daño que obligó a recibir ayudas públicas de unos 12.000 millones de euros para evitar su quiebra.
Durante la Fiscalía rebajó de cuatro a tres años la petición de cárcel y una multa de 67.500 euros para los principales responsables de la entidad, Narcís Serra y Adolf Todó por los delitos de administración desleal y la subida de sueldos cuando dirigían la entidad bancaria.