En qué comunidad autónoma se cobra la pensión más alta: 300 euros más que el promedio en País Vasco

En un país en el que el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad del sistema público de pensiones son temas que ponen en riesgo nuestro futuro, y que conviene abordar de una forma más urgente. Los datos actuales revelan una desigualdad silenciosa pero significativa: el lugar de residencia puede condicionar hasta en 300 euros mensuales la cuantía de la pensión. 

A la cabeza de este ranking está el País Vasco, con una pensión media de 1.615,13 euros mensuales, frente a los 1.311,41 euros que marca la media estatal, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social correspondientes a junio de 2025.

Esta diferencia no es trivial, dado que supone más de 3.600 euros anuales de brecha entre dos personas jubiladas que hayan tenido trayectorias laborales equivalentes, pero estén domiciliadas en distintas comunidades autónomas. A nivel provincial, la distancia se acentúa aún más. Aquí Álava lidera con 1.639,76 euros, seguida por Bizkaia (1.627,41 euros) y Guipúzcoa (1.585,61 euros). El contraste con comunidades como Extremadura (1.107 euros) o Galicia (1.126 euros) es abrumador, configurando un mapa de pensiones donde la equidad territorial es, como mínimo, cuestionable.

¿Por qué el promedio de País Vasco es más alto?

Las razones que explican esta diferencia a favor de los jubilados vascos no se encuentran en una gestión autonómica del sistema, que es estatal y centralizado, sino en variables de fondo que convergen en una realidad socioeconómica muy particular. El primero de estos factores es el mercado laboral: los salarios medios en Euskadi han sido históricamente superiores a la media nacional, lo que repercute directamente en las bases de cotización y, por tanto, en la cuantía de la pensión recibida. A esto se suma una densidad profesional elevada, con menor presencia del trabajo informal o discontinuo, que resulta más frecuente en otras regiones.

Otro factor clave es la cultura de previsión social. El País Vasco cuenta con un sistema de ahorro privado complementario muy desarrollado a través de las Entidades de Previsión Social Voluntaria. Estas entidades han acumulado más de 30.000 millones de euros, lo que equivale al 32% del PIB vasco, una proporción que triplica la media nacional. Aunque estos fondos no forman parte de la pensión pública, sí generan un efecto indirecto, dado que quienes tienen acceso a pensiones complementarias tienden a tener también mejores trayectorias laborales y cotizaciones más elevadas.

El tercer elemento que hay que tener en cuenta es el marco fiscal específico. Gracias a su régimen foral, Euskadi ha diseñado deducciones atractivas para las aportaciones a planes de pensiones privados, favoreciendo un ahorro que refuerza el colchón de la jubilación. Estas condiciones no solo fomentan la cultura del ahorro previsional, sino que contribuyen a un ecosistema económico donde la protección social es una prioridad.

Esta realidad, sin embargo, pone sobre la mesa un dilema que trasciende lo económico. ¿Hasta qué punto puede considerarse justo que dos personas con el mismo historial laboral perciban cantidades tan dispares únicamente por vivir en regiones diferentes? El artículo 41 de la Constitución establece un principio de igualdad en la protección social, pero la práctica demuestra que el sistema, aunque centralizado, produce resultados dispares.

La diferencia de 300 euros que separa al País Vasco del promedio nacional no es un dato que deba ser tomado a la ligera. Es el síntoma de una asimetría estructural que interpela directamente a la política pública. Mientras algunas voces abogan por una mayor descentralización en la gestión de las pensiones, otras alertan del riesgo de fragmentar un sistema cuyo principio básico debería ser la solidaridad interterritorial. 

En definitiva, el caso del País Vasco actúa como espejo y advertencia. Mientras su pensión media marca un techo difícil de alcanzar para muchas regiones, su ejemplo revela también el potencial de una combinación virtuosa entre empleo de calidad, ahorro previsional y políticas fiscales eficaces. Lo que está en juego no es solo la pensión de hoy, sino el modelo de justicia social que se quiere construir para el futuro.