¿A qué edad se jubilan de media los españoles en 2026?
La pensión media de jubilación sube un 4,4 %, hasta los 1.569,7 euros mensuales
La edad legal para jubilarse en España cambia en 2027: así queda según los años cotizados tras la reforma de las pensiones
La edad media real de acceso a la jubilación en España se sitúa en 65,2 años en 2026, según los datos de la Seguridad Social correspondientes al primer trimestre del año. La cifra confirma la tendencia al alza iniciada en los últimos ejercicios y refleja el impacto directo de dos factores: el aumento de las jubilaciones demoradas y la reducción de las jubilaciones anticipadas tras la reforma que entró en vigor en 2022.
El dato supone casi un año más que en 2019, cuando la edad media de retiro era de 64,4 años. Además, el 66,1 % de los nuevos jubilados accedieron a la pensión con la edad ordinaria, lo que consolida el desplazamiento progresivo hacia edades más avanzadas.
Importes de las pensiones en 2026
La nómina mensual de las pensiones contributivas alcanzó en abril los 14.336,2 millones de euros, un 6,07 % más que un año antes. Esta cifra incorpora la revalorización general del 2,7 %, aplicada en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
Así, la pensión media del sistema se sitúa en 1.368,4 euros mensuales, un 4,5% más interanual e incluye jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares.
Pensión media de jubilación supone 1.569,7 euros mensuales, un 4,4 % más que en abril de 2025 y la perciben 6,6 millones de personas, más de dos tercios del total de pensionistas.
Los importes medios percibidos en los diferentes regímenes del sistema son:
- Régimen General: 1.729,6 euros
- Autónomos (RETA): 1.058,5 euros
- Minería del Carbón: 2.998,3 euros
- Régimen del Mar: 1.734,2 euros
En cuanto a las pensiones que perciben de media los trabajadores que se jubilan a fecha de marzo de 2026 estas se sitúan en 1.653,6 euros, mientras que las de viudedad son de 973,9 euros mensuales.
Jubilaciones demoradas: un fenómeno en expansión
Entre enero y marzo de 2026 se registraron 96.612 nuevas altas de jubilación. De ellas, el 12,7% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, casi dos puntos más que al cierre de 2025 y ocho puntos por encima de las registradas en 2019.
Este incremento está directamente relacionado con los incentivos económicos aprobados en 2022 para quienes prolongan su vida laboral más allá de la edad ordinaria. La combinación de estos estímulos y la menor anticipación en el retiro explica el aumento de la edad media de jubilación.
El sistema mantiene además una agilidad administrativa notable: la resolución de expedientes de jubilación se sitúa en 11,7 días, muy por debajo del plazo máximo legal de 90 días.
Reducción de la brecha de género
En abril, 1.463.374 pensiones incorporaban el complemento para la reducción de la brecha de género, una prestación diseñada para compensar el impacto de la maternidad en las carreras laborales.
El 75 % de las personas beneficiarias son mujeres (1.097.463) y el importe del complemento se sitúa en 76,92 euros mensuales de media. La cuantía fija por hijo es de 36,9 euros al mes, tras la revalorización de 2026.
Distribución por número de hijos
- 1 hijo: 24 % (350.538 pensiones)
- 2 hijos: 50 % (731.223)
- 3 hijos: 17,7 % (259.235)
- 4 hijos: 8,4 % (122.375)
El complemento, vigente desde febrero de 2021, debe solicitarse al pedir la pensión.
Clases Pasivas: 1.776,9 millones de euros en marzo
Por otra parte, la Seguridad Social ha informado de que la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.776,9 millones de euros en el mes de marzo (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 108,7 millones de euros respecto a la del año anterior, un 6,5% más.
El número de pensiones en vigor fue de 738.790, que son 14.475 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual). Este tipo de pensión lo reciben 718.840 pensionistas.
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.
