Bruselas sigue los pasos a la Ley Riders, aprobada por el Gobierno de España, contra los falsos autónomos de repartidores de las plataformas. La Comisión Europea (CE) ha propuesto este jueves criterios para determinar si los empleados de Amazon, Uber, Cabify, Deliveroo, entre otras, son efectivamente trabajadores de plantilla. El objetivo es frenar el modelo seguido por estas empresas que precariza el trabajo y limita los derechos laborales de sus empleados.limita los derechos laborales de sus empleados.
La directiva presentada plantea cinco criterios y si se cumplen al menos dos de ellos, se considerará que la plataforma emplea al trabajador y que este es parte de la plantilla de la empresa y no un autónomo.
Si la empresa identifica con un logo, uniforme y le impide al trabajador crear su base de clientes o trabajar para otros, eres un trabajador de plantilla.
Entre los criterios que plantea Bruselas establece que la empresa regule el nivel de la remuneración o que supervise la elaboración del trabajo mediante medios electrónicos; que restrinja la libertad para elegir las horas de trabajo y los periodos de ausencia, para aceptar o rechazar tareas y para usar subcontratistas o sustitutos. El cuarto criterio es que la plataforma acuerde normas vinculantes sobre el aspecto de sus trabajadores, como la obligación de llevar uniformes con el logo de la compañía, sobre la conducta con el cliente o sobre el desempeño del trabajo. Igualmente, se incluye el caso en el que la empresa restrinja la posibilidad de que el empleado construya una base de clientes o trabaje para otras compañías.
Si dos de esas condiciones se cumplen en la relación laboral entre la plataforma y el trabajador, se considerará que es un empleado de plantilla y no un autónomo por lo que tendrá derecho al salario mínimo, a la negociación colectiva, a las vacaciones pagadas o a un mejor acceso a la protección frente a accidentes laborales, a las prestaciones por desempleo y por enfermedad, así como a las pensiones contributivas de vejez.
La propuesta de Bruselas también afecta a la gestión algorítmica, porque los servicios comunitarios reclaman mayor transparencia en el uso de estos instrumentos y reclama un seguimiento humano del respeto de las condiciones laborales, además de reconocer el derecho a impugnar decisiones automatizadas. Son normas que deberán aplicarse de igual manera a todos los trabajadores, ya sean asalariados o verdaderos autónomos.