Raquel, inquilina de una vivienda de la Tesorería de la Seguridad Social: "En 20 años he pagado más de 180.000 euros en alquiler"
Las viviendas son propiedad de la Seguridad Social que quiere sacarlas a subasta pública con la oposición de sus inquilinos
¿Cómo participar en la subasta de pisos de la Seguridad Social?
Varias familias en Madrid se van a quedar sin vivienda porque la Tesorería General de la Seguridad Social les obliga a que desalojen sus casas. Lo llamativo es que el casero de estos edificios, en este caso, es el Gobierno de España, que cuenta con muchas casas vacías que ahora se saca a su basta. Los desalojados critican que el Ejecutivo de Sánchez tome medidas como esta mientras pide a los particulares alquileres asequibles.
Se trata de 30 casas en un edificio que es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social desde que el Partido Popular disolviese la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) creada por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Algunas de estas viviendas llevan años vacías y sus puertas están selladas y soldadas.
Reproche del Tribunal de Cuentas
Recientemente, el Tribunal de Cuentas le reprochó a la Seguridad Social esta situación, así que la solución que ha puesto en marcha este organismo ha sido la de sacarlas en subasta pública.
Algunos de los inquilinos afectados, como es el caso de Raquel que lleva viviendo en esta propiedad desde hace más de 20 años y que tiene que entregar la vivienda en un plazo de un mes recuerda que en todos este tiempo han ingresado en las arcas públicas más de 180.000 euros en concepto de pago de alquiler.
Eduardo es otro de los afectados que tendrá que abandonar su vivienda en breve. La Administración le ha ofrecido la opción de comprarla a lo que considera "un precio imposible".
Ellos temen enfrentarse a un sistema de subasta que les resulta desconocido y en el que mandan sobre todo grandes empresas inmobiliarias o fondos buitres. Ellos saben que tienen muy complicado el ganar esa puja por lo que piden que las casas pasen a formar parte del parque de vivienda pública.
Denuncian a la Administración por las excusas que les dan para no buscar una solución al escudarse en el laberinto burocrático que el proceso conllevaría.
Los últimos datos del Tribunal de Cuentas de 2019 hablan de unas 800 vivienda en el conjunto del país, muchas de ellas vacía. Por ello, las familias afectadas han decidido que no se van a marchar hasta que nos les den una solución.