CEAPA pide que los condenados por violencia de género o delitos de odio no puedan ser docentes
Solicitan una modificación de la normativa sobre los requisitos exigibles para trabajar con menores de edad
Con la finalidad de incluir delitos como el acoso a menores, la violencia de género o los delitos de odio
¿Cuáles son los derechos de un docente?
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha solicitado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes una modificación de la normativa sobre los requisitos exigibles para trabajar con menores de edad en el ámbito educativo, con el fin de incluir delitos como el acoso a menores, la violencia de género o los delitos de odio.
CEAPA recuerda en un comunicado que la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección integral a la infancia y la adolescencia, "establece como requisito indispensable para ejercer trabajos que impliquen relación y contacto con niños y niñas menores de edad la obtención de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos".
"Entendemos que deberíamos ampliar estos requisitos a otros delitos"
"Nos parece una decisión muy acertada, pero entendemos que deberíamos ampliar estos requisitos a otros delitos que también deben ser considerados incompatibles con el ejercicio de actividades que impliquen contacto con menores de edad, en especial en el ámbito educativo", explica la presidenta de CEAPA, María Capellán.
Por eso, la Confederación ha solicitado al Ministerio que incluya determinados delitos, como aquellos relacionados con el acoso a menores, la violencia de género o los delitos de odio, "que resultan incompatibles con el ejercicio de la función docente".
"Un docente debe ser un referente en la promoción de los valores de respeto, igualdad y convivencia, valores que son incompatibles con las conductas derivadas de estas condenas", refleja CEAPA en el escrito presentado este lunes ante el Ministerio.
La organización de familias de la escuela pública confía en que el Ministerio que dirige Pilar Alegría recoja esta petición e impulse la modificación de esta norma "para lograr una mayor protección aún" de la infancia.
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