El juez Alba, que se confabuló para perjudicar a Victoria Rosell, debe ingresar en prisión este viernes

El exjuez Salvador Alba, en una imagen de archivo.. Agencias
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MadridNo hay más dilación. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha comunicado al juez Salvador Alba, que desestima todos los escritos que había presentado en las últimas horas y que deberá ingresar en este mismo viernes en prisión para hacer frente a la condena firme de seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricar para perjudicar a Victoria Rosell, la hoy delegada contra la Violencia de Género.

En una resolución que ha hecho publica este mismo viernes, el TSJC cortocircuita la estrategia del juez Alba que en los últimos días había hecho llegar a los tribunales toda una batería de escritos pidiendo más tiempo para cumplir la sentencia. El tribunal trata de que el condenado cumpla el castigo impuesto en 2019 y que hasta ahora ha evitado. Alba ya fue suspendido de sus atribuciones como juez desde 2018 cuando el órgano de Gobierno de los jueces le apartó temporalmente de la profesión.

El no "caso Rosell"

El exjuez, según la resolución firme de los jueces, llegó a conchabarse con un investigado en 2016 para poder introducir datos y documentos falsos en la causa que estaba investigando con el objetivo de perjudicar la imagen de la entonces también jueza Victoria Rosell, en aquellos momentos ella era diputada de Unidas Podemos. Según queda acreditado en la sentencia, Alba, que accedió al juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, que meses antes había dejado Rosell para dedicarse a la política, contactó con un letrado para que le facilitara contratos y documentación que vincularan a la pareja de Rosell, con la investigación ya en marcha. Según los hechos acreditados en el juicio llegó a citarle al compañero de Rosell con el único propósito de desprestigiarla y alentar una querella que había presentada contra contra ella.

Alba deberá pagar una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 euros a la delegada Contra la Violencia de Género, como responsabilidad civil, y otros 3.000 euros en concepto de costas judiciales.

La querella contra Rosell fue archivada, pero después de que tuviera que dejar, en abril de 2016, la Diputación Permanente del Congreso, en la fallida XI Legislatura. La magistrada renunció a presentarse de nuevo a las elecciones generales de junio de ese año.