José Luis Ábalos se pronuncia tras el registro de la UCO en su casa de Valencia: "Lo único que les interesaba era el teléfono"
La Guardia Civil registra durante nueve horas la casa de Ábalos en Valencia en el marco de unas diligencia obra civil
La UCO halla grabaciones que señalan a Ábalos por el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha mostrado tranquilo tras las más de nueve horas de registro que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han llevado a cabo en su casa de Valencia por orden del Tribunal Supremo en el marco de unas diligencias secretas relacionadas con obras.
Sobre las 16.45 horas, varios agentes de la UCO han salido del edificio donde se encuentra la vivienda de Ábalos portando cajas, maletines y maletas, además de sus equipos, que han introducido en distintos vehículos y posteriormente han abandonado el lugar.
Según ha explicado en declaraciones a la prensa, le han volcado el contenido de su teléfono móvil y se han llevado unas memorias digitales que no les ha dado tiempo a copiar y que podrá recoger en los próximos días. "Lo único que les interesaba era el teléfono", ha dicho para aclarar que no estaba preocupado porque, "más allá de las cosas íntimas", ha confiado en que se preserven. Su móvil "no registra una gran actividad desde hace mucho tiempo". "Por lo tanto, todo lo que sea aclarar no me molesta, así es que estoy muy bien", ha sostenido.
Buscaban documentación relacionada con obra civil
Interrogado sobre los motivos del registro, el exministro ha precisado que guardan relación con un reciente informe fechado el 5 de junio, cuyo contenido aún no ha trascendido. Fuentes jurídicas han aclarado que la UCO buscaba documentación relacionada con obra civil, en base a los papeles aportados por el presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, sobre supuestos amaños en la adjudicación.
Es la primera vez que la UCO registra una propiedad del también exdirigente socialista, investigado en el alto tribunal por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias o cohecho en la causa que comenzó en torno a supuestas comisiones en contratos de mascarillas en plena pandemia, pero que se extiende también a posibles irregularidades en otras adjudicaciones públicas.
El empresario Aldama, también investigado en el Tribunal Supremo, apuntó en diferentes declaraciones judiciales al presunto pago de comisiones a altos cargos y habló de supuestas obras públicas preadjudicadas vinculadas al Ministerio de Transportes.