La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica al exministro y ex 'número tres' del PSOE, José Luis Ábalos, en el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública a determinadas constructoras. Es lo que refleja el auto dictado por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que ordena proceder al registro del domicilio del también diputado.

La resolución señala que se han identificado en un informe de la UCO obras que "pudieran haber resultado indebidamente adjudicadas con la participación del investigado". Dichas adjudicaciones "se describen en relación con ciertas grabaciones halladas, conforme también se explica en el mencionado oficio, en dispositivos intervenidos al también investigado en esta causa don Koldo García".

Leopoldo Puente ordenó a la UCO que registrara el domicilio que Ábalos tiene en Valencia

El juez del TS Leopoldo Puente ordenó a la UCO que registrara el domicilio que Ábalos tiene en Valencia a raíz de las grabaciones halladas en el móvil del que fuera su asesor ministerial, Koldo García, en las que el exdirigente socialista reconocería haber recibido un "beneficio económico".

El auto del juez precisa que el pasado 5 de junio recibió un informe de la UCO en el que se apunta que Ábalos "pudiera haber participado, puesto de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del Ministerio de Transportes, en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica". El instructor incide en que el informe cuenta con "elementos bastantes para considerar que dichas indebidas adjudicaciones se habrían producido como consecuencia de la eventualmente ilícita intervención del afectado".

Ábalos habría obtenido por esas adjudicaciones "un determinado beneficio económico"

En el marco del informe de la UCO, los agentes aseguran a su vez que Ábalos habría obtenido por esas adjudicaciones "un determinado beneficio económico, tal y como él mismo podría haber venido a admitir en determinados pasajes de las mencionadas conversaciones". "A partir de la solidez de los mencionados indicios, la entrada y registro que aquí se acuerda resulta de la efectiva existencia de aquéllos, que permiten considerar, al menos, la posible comisión de sendos delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal", concluye el magistrado.

Puente argumenta que el registro en la casa de Ábalos era una medida "proporcionada", debido a "la gravedad de los ilícitos penales que se investigan en esta causa", y "necesaria" para poder incorporar al procedimiento "elementos indispensables para el esclarecimiento de los hechos", a pesar de que se haya acordado meses después del inicio de las pesquisas. No obstante, el propio Ábalos se ha mostrado muy tranquilo ante el registro de la vivienda.

Fue el pasado abril cuando el instructor ordenó a la UCO investigar la adjudicación de las obras públicas

El TS autorizó también a los agentes de la UCO a clonar el contenido del móvil y los demás dispositivos electrónicos del exdirigente socialista, al entender que no existe otra forma "igual de eficaz" para averiguar "lo realmente sucedido". Además de autorizar el registro domiciliario, dio permiso para revisar anexos, trasteros, garajes, vehículos o cajas fuertes que tuviera. Por ello, la diligencia se ha extendido al bajo que posee.

Fue el pasado abril cuando el instructor del 'caso Koldo' en el TS ordenó a la UCO investigar la adjudicación de las obras públicas que aparecen destacadas en fluorescente en los documentos aportados por el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. En concreto, pidió a la Guardia Civil que identificara a la empresa que finalmente resultara adjudicataria de cada una de ellas y que fiscalizara todo el procedimiento de adjudicación. Puente dio este paso después de que la pericial caligráfica encargada por el propio magistrado concluyera que las anotaciones manuscritas que había en esos documentos eran del exasesor ministerial.