Los Veintisiete vuelven a aplazar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego
La Comisión Europea cifra el reconocimiento del catalán, euskera y gallego en 132 millones de euros al año
El Gobierno seguirá adelante con las lenguas cooficiales tras aplazar la UE su votación
El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, había pedido este viernes a los países miembros "no secuestrar o retrasar innecesariamente" la demanda española de reconocer el catalán, euskera y gallego, como lenguas oficiales de la UE. Pese a su petición, sobre la que varios Estados habían expresado "dudas" legales y financieras esta ha vuelto a aplazarse por las mismas razones. Alemania ha planteado que la oficialidad de estas lenguas podría ser contraria a los Tratados.
Los ministros europeos han frenado de nuevo la petición de España para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea por las dudas sin resolver sobre el impacto que tendría tal reforma en el conjunto de la Unión Europea, a pesar de que la parte española asegura haber respondido a "todas las dudas" expresadas por sus socios.
En el debate de algo menos de una hora los ministros se han dedicado al asunto durante el Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas, pero la oficialidad de las lenguas cooficiales ha chocado por séptima vez desde que España la puso sobre la mesa en 2023 con el rechazo de cerca de una decena de países y las reservas de los servicios legales del Consejo.
En el nuevo aplazamiento, ha pesado la opinión de países como Alemania que ha argumentado que esta reforma en los términos en que plantea España no es compatible con los Tratados, tal y como también sostienen los servicios legales del Consejo.
El secretario de Estado en la UE había reclamado diálogo y no "retrasar innecesariamente la demanda española
Sampedro se había mostrado este viernes, dispuesto al "diálogo" para dar todas las explicaciones que le pidan el resto de ministros de países miembros durante el debate que mantendrán este viernes en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, que se celebra en Bruselas.
El Gobierno ha incluido este tema de la oficialidad de las lenguas en la UE después de que el Gobierno lo pactara con Junts en agosto de 2023, una condición del partido independentista para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
El asunto se ha incorporado a la agenda de seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE; cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, una cuando la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y otra, con Polonia.
Polonia y Dinamarca, presidencias saliente y entrante del Consejo de la UE, respectivamente, han expresado a su llegada a la reunión que persisten "muchas dudas" entre los Estados miembro por lo que consideran que es prematuro intentar tomar una decisión.
En este contexto, Sampedro ha defendido que España ha presentado información solvente para atender a todas las preguntas de sus socios e incluso se ha modificado la última propuesta sobre la mesa para reforzar en su articulado el compromiso del Gobierno de asumir todos los costes que implique la oficialidad de las lenguas cooficiales, aunque no ha puesto una cifra a ese compromiso.
La Comisión Europea cifra el reconocimiento del catalán, euskera y gallego en 132 millones de euros al año
La Comisión Europea presentó a finales de 2023 una evaluación "preliminar" basada en la experiencia del gaélico que apuntaba a que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego tendría un coste de 132 millones anuales (44 millones por lengua), pero dijo que abordaría una evaluación específica y en detalle si así se lo pedía España o el Consejo.
"Está claro que no hace falta una revisión de los Tratados", ha ahondado el secretario de Estado, en alusión a la opinión negativa de los servicios legales del Consejo que, de manera oral, ha expresado en las reuniones previas sus reservas sobre la base legal de la reforma que se plantea del reglamento de lenguas y ha avisado de que podría hacer falta una reforma de los Tratados. Varios países piden un informe legal por escrito para aclarar este asunto.
"No se trata de confrontar, sino de dialogar", había insistido Sampedro, que explicó que el Gobierno había distribuido un documento para aclarar las cuestiones pendientes antes de llegar a este encuentro.
España también ha aportado un informe jurídico de la Abogacía General del Estado, ha añadido, para después recalcar que "todos los Estados miembro saben cómo de importante es esta iniciativa para España" y que se trata de "acabar con una discriminación" hacia "20 millones de europeos".