Prioridad Nacional, una falacia que la ley no permite: antigüedad en el padrón sí, pero esto solo para españoles, no
Las ayudas a los inmigrantes no pueden tener distinto contenido de las ayudas que se le conceden a los españoles
El lío de ser español, según Vox: bajo el criterio de Joan, primo de Ignacio Garriga, este no lo es
Vox introdujo el concepto de la mano de su líder, Santiago Abascal. "Lo que vamos a hacer es tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance". Pero hay muchas dudas de que eso encaje en la ley. Al menos en todos sus puntos.
Dámaso Javier Vicente Blanco, Profesor de Derecho en la Universidad de Valladolid razona con claridad al respecto: "¿Qué pasa con las ayudas a los inmigrantes? "Que no pueden tener distinto contenido de las ayudas que se le conceden a los españoles".
El acuerdo firmado en Extremadura y en Aragón excluye a los inmigrantes irregulares de los servicios sociales menos en casos de urgencia vital. Algo que choca con la obligación que tienen las Comunidades de facilitar el acceso universal a la sanidad.
Carlos Herández Quero, Portavoz nacional de Vivienda de Vox, explica qué elementos debe cumplir el solicitante de vivienda para poder solicitarlo. 10 años mínimo de empadronamiento histórico. Y tiene razón. En este caso las administraciones sí pueden pedir cierta antiguedad en el padrón para lograr una vivienda protegida, pero sin diferenciar entre españoles e inmigrantes, si tienen la residencia.
Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho de la Universidad de Granada destaca que "tal como está la ley de extranjería no se podía dar una convocatoria del Ayubtamiendo de Granada y decir que solo tienen preferencia para los cien primeros españoles".
PP y Vox también han acordado impedir la llegada de más menores migrantes no acompañados. Pero las normas son claras. Y la ley obliga a las Comunidades a acatar el reparto acordado entre Gobierno y autonomías.
Mauricio Valiente, director general de CEAR destaca en este sentido que "además hay mecanismos sancionadores que están establecidos para combatir este tipo de situaciones".
Si no cumplen podrían enfrentarse a consecuencias jurídicas. Aunque el propio acuerdo entre Vox y PP recoge, que todo lo harán a través de medios legales.
