Garzón ha dejado además en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo en Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que estaba en prisión incondicional junto a otros cuatro imputados, entre ellos, los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta.
Así, el total de imputados asciende a 21, ya que hasta ahora en la causa figuraban nueve, cuatro de los cuales están en prisión incondicional: Alavedra, Prenafeta, el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y el ex diputado autonómico del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García.
Además de Dobarco, permanecen en libertad bajo fianza los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela.
En el auto en el que el pasado 30 de octubre Garzón ordenó el ingreso en prisión de cinco y la libertad bajo fianza de los otros cuatro, el magistrado citaba a varias personas a las que atribuía conductas supuestamente ilícitas, pero sobre las que en ese momento no pesaba acusación alguna.
Advertía también de que, además de las operaciones urbanísticas presuntamente fraudulentas de Santa Coloma, Badalona y San Andrés de Llavaneras, había otras "que también están siendo investigadas".
Dimisión de Mas
En un comunicado remitido por el Incasl se indica que ante la citación de Mas como imputado, los consellers de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, y el de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, han aceptado la renuncia voluntaria del cargo de gerente.
En el mismo comunicado, se señala que Mas había puesto su cargo a disposición "con tal de preservar el buen nombre del instituto y facilitar la instrucción del sumario, hasta que se aclaren las responsabilidades que puedan derivarse".