Según el Gobierno, este acuerdo es una "muestra del compromiso de España con la integración de los inmigrantes, a los que no sólo se protegen sus Derechos Humanos, sino que también se les otorgan derechos políticos".
Un acuerdo, según explica la referencia del Consejo de Ministros, del que podrán beneficiarse los 2.656 españoles que viven en Bolivia -y que podrán votar en sus elecciones locales-, y los 98.578 bolivianos que residen en España -que, a su vez, podrán votar en comicios locales españoles-.
El Ejecutivo estima que, si se suma los que están de forma irregular, habría unos 250.000 bolivianos en nuestro país. Este colectivo, el tercero de la diáspora boliviana por detrás de Argentina y Estados Unidos, remite casi el 40% del total de ingresos por remesas que envían los bolivianos en el exterior.
Para que los bolivianos puedan ejercer el derecho del voto en España deberán haber residido en este país de manera legal e ininterrumpida al menos cinco años antes de solicitar su inscripción en el censo electoral.
Este acuerdo se ha estudiado con Bolivia desde noviembre de 2008, fecha en la que se inició la negociación con otros catorce países que ya reconocen el derecho de voto a los ciudadanos españoles residentes en su territorio: Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Cabo Verde, Burkina Faso, Corea, Islandia y Nueva Zelanda.
Doce de estos acuerdos ya han sido elevados al Consejo de Ministros para la autorización de su firma -de los que diez han sido remitidos a las Cortes Generales para su aprobación-; a día de hoy queda por concluir la negociación con Venezuela y Uruguay.
España ha ofrecido acuerdos similares a países que cuentan con un significativo número de residentes en España, como Marruecos, Argelia, Andorra, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.