En el juicio, el fiscal ha elevado a definitiva su petición de 17 años de cárcel al considerar a Pérez Martínez inductor de acciones terroristas, tal como concluyó una sentencia anterior del Tribunal Supremo, y porque, además, considera que tuvo la "oportunidad" de impedir el ataque a la sede el PSC y no lo hizo.

Por su parte, el "camarada Arenas" ha insistido en su condición de ex secretario general del Partido Comunista de España reconstituido (PCE-r) y en que dicho partido no englobaba a la organización terrorista de los GRAPO.

Asimismo, el antiguo miembro de la banda Fernando Silva Sande ha reiterado por videoconferencia desde la cárcel que Pérez Martínez era el encargado de dirigir y autorizar todas las operaciones del partido y de los GRAPO, a cuyos miembros se ha referido como "la secta".

El ataque a la sede del PSC de Sant Martí causó importantes desperfectos en el local situado en el bajo de una finca habitada de ocho plantas, aunque ningún piso resultó dañado ni los vecinos fueron desalojados.

La autoría de la explosión fue reivindicada por los GRAPO en un comunicado enviado a una radio y un periódico de Vigo.

Pérez Martínez vivía en la clandestinidad en París, donde fue detenido en 2000.