La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de España, Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, son algunos de los promotores de esta iniciativa que se concretará este miércoles en los tribunales federales de Buenos Aires.
La denuncia está encabezada por Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei (Lugo, norte de España); y por Inés García Holgado, sobrina de Elías García Holgado, asesinado en 1937 después de ser encarcelado cuando era asimismo alcalde de la ciudad de Salamanca.
Los promotores de la demanda apelarán al principio de "jurisdicción universal" existente en la Constitución argentina y "consagrado en el derecho internacional, y que basó también las actuaciones que el juez Baltasar Garzón encabezó en España", ha señalado Carlos Slepoy, uno los abogados que trabaja en la causa en colaboración con entidades humanitarias locales.
Una vez hecha la presentación, los querellantes sabrán cuál será el juez federal argentino que tendrá a cargo tramitar la causa, que denuncia la desaparición de 113.000 personas durante la dictadura de Franco, un dato que rescata de las actuaciones del magistrado Garzón en España.
Esta denuncia ante la Justicia argentina coincide con la causa abierta en España a Garzón, en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación tras haberse declarado competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista.
El principio de jurisdicción universal es "el mismo" que se aplicó contra el dictador chileno Augusto Pinochet y en el juicio contra el ex piloto naval argentino Adolfo Scilingo, a quien la Justicia española condenó en 2007 a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina, precisó Slepoy, residente en Madrid. EPF