La nueva Ley de Educación ha sido aprobada este jueves en el Congreso con un resultado muy ajustado: 177 votos favorables para una Ley orgánica que requiere la mayoría absoluta. Aprobado raspado para otra ley de educación sin consenso, como manda la tradición. Las polémicas han sido muchas, pero vamos a fijarnos en la más política de todas: el español como lengua vehicular. Es la más política porque entra de lleno en la agenda catalana y sabemos que los votos independentistas son fundamentales para el Gobierno.
De hecho, no. Nunca ha habido ninguna ley que reflejara que el castellano es la lengua vehicular en la educación es España hasta la Ley Wert de 2013. Wert dijo a las claras que había que españolizar a los niños catalanes. Lo que quería era acabar con el monopolio de clases en catalán en todos los colegios de Cataluña. ¿Lo logró? No. Ha habido algunas reclamaciones de padres exigiendo que sus hijos recibieran educación en castellano, pero el sistema siguió igual. Ahora, esta nueva ley del Gobierno lo bendice.
El proceso empezó en 1983 y culminó en 1993. A partir de esa fecha ya no se podía encontrar ningún colegio que diera clases en castellano, salvo para la asignatura de lengua española. Es el llamado proceso de inmersión lingüística, que se justificó ante los grandes grupos de población inmigrante de otras provincias que no hablaban catalán. Se empezaron a hacer proyectos piloto con educación integrante en catalán en Santa Coloma de Gramanet y la experiencia fue buena y se extendió a toda Cataluña. Es decir, que aunque Alfonso Guerra se queje de que “el español vaya a ser tratado como una lengua extrajera”, fue durante su etapa como vicepresidente del Gobierno cuando realmente ocurrió esa transformación en Cataluña.
Si. El Gobierno ha negociado con sus socios y esta era una de las peticiones de ERC. Al final el Gobierno se remite a lo que dice la Constitución: el español es la lengua oficial y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Suficientemente ambiguo como para que le valga a ERC y al PSOE. Así se seguirá con el mismo modelo educativo que la ley Wert no ha logrado cambiar.
Los tribunales han dado sentencias de todo tipo. Muy famosa es la del TC de 1994, en la que se apoyan los catalanistas, que contempla que no hay problema porque el catalán sea la lengua vehicular y que cada comunidad autónoma ha de decidir cual es su modelo educativo, siempre que garantice el estudio de las otras lenguas oficiales. Sin embargo, desde aquella sentencia han ido encadenándose otras como la del Constitucional de 2010 que contemplaba que las dos lenguas debían ser vehiculares. También terció el Supremo que en una sentencia cifró en un 25% los contenidos que al menos deberían ser impartidos en castellano o el TSJC que dictaminó en 2013 que si un niño pedía clase en castellano, toda su aula tenía que recibirla en esa lengua. Todo un galimatías que ha hecho que de facto tan solo se atiendan reclamaciones concretas de familias que exigen la educación en español y no en catalán, pero que nunca han logrado que haya colegios que impartan la educación integrante en castellano.
La educación en catalán es un asunto primordial en la agenda de los partidos independentistas. Tal vez por ello, Albert Rivera hizo bandera del derecho de la educación en castellano en Cataluña. Lo que en los años 80 y 90 no resultó ser un problema y se exhibía como un caso de éxito, se tornó en un asunto polémico y de debate constante entre partidos. Ha sido más ese debate que la presión de la calle la que ha llevado este asunto a convertirse en espinoso. Ahora al Gobierno le ha tocado decidir y ha querido pasar de puntillas. Ha vuelto a la situación previa a la Ley Wert y deja vía libre a la Generalitat para que siga con su modelo. A cambio, ERC apoyará los presupuestos.