Rivales en la política y aliados en una causa jurídica. El Partido Popular ha contratado al bufete de abogados que ahora preside el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. El PP quiere que este se encargue de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana que regulara los alquileres de viviendas.
Pablo Casado, presidente del PP, ha contratado a Rivera, que se retiró de la política tras recibir un batacazo electoral en noviembre de 2019 cuando perdió más de 2,5 millones de votos. Esta vez, el PP cuenta con el bufete que dirige para elaborar un recurso contra la norma que aprobó el pasado 9 de septiembre el Parlamento de Cataluña.
La ley congela o baja el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, y deja exentos a los arrendadores que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.
La ley fue aprobado con los votos a favor de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, que impulsaron la norma junto al Sindicat de Llogaters y la Generalitat, mientras que el PSC-Units y PPC lo hicieron en contra, al creer que es una ley "electoralista" e "inconstitucional", pues un organismo consultivo catalán advirtió que contiene varios artículos que vulneran competencias estatales.
El recurso aún no se ha presentado, ya que hay de plazo hasta finales de noviembre.