Grupos de chavales bebiendo en botellas que asoman en bolsas de plástico. Los vemos y nos preguntamos si sus padres saben lo que están haciendo. Otras veces les vemos haciendo el gamberro de manera agresiva. La duda que surge es si una educación mejor o una mayor implicación por parte de los padres evitaría estos comportamientos.

China no solo se lo ha preguntado, sino que lo tiene claro y ha actuado de manera inmediata. Portarse mal en cualquiera de sus formas, ya sea bebiendo en la calle, entrando en salas de apuestas o ensuciando las calles empezará a estar penado de forma oficial. La novedad es que las sanciones no caerán sobre los hijos, sino sobre los padres. Tal y como se ha presentado en el parlamento del gigante asiático, se pretende castigar a los progenitores o tutores si sus hijos tienen un mal comportamiento o cometen delitos.

El borrador del proyecto de ley de promoción de educación infantil chino estipula que los tutores serán castigados e incluso se les ordenará cursar programas de orientación familiar si el fiscal considera que los progenitores se comportan mal o incurren en comportamientos delictivos. "Hay muchas razones por las que los adolescentes se portan mal y la educación familiar inadecuada es la causa principal", ha señalado el portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China, Zang Tiewei.

El borrador del proyecto de ley también incluye una agenda que, según las autoridades, predispone a comportamientos más cívicos. La propuesta se basa en organizar tiempo para que los hijos hagan ejercicio, jueguen y descansen. La medida tiene sentido en país cuyo Ministerio de Educación ha limitado las horas de juego para los menores hasta un total de una hora los viernes, sábados y domingos. La adicción a los videojuegos es un problema en China, donde más de 60% de los jóvenes son activos en internet (más de 100 millones de personas) y el 13% pasa más de dos horas frente al ordenador.

No es la primera ocasión que toma medidas al respecto. Ya lo hizo a principios de los 2000, cuando se decidió prohibir la importación de videoconsolas por ser una mala influencia para el rendimiento escolar de los más pequeños, aunque en 2014 se abolió la medida.

En España no existe una legislación a nivel nacional que regule el mal comportamiento de los jóvenes, sino una ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la seguridad ciudadana. Esta ley califica como infracción leve algunos comportamientos incívicos como el consumo de alcohol en la calle cuando implique una alteración del orden público, así como distintos actos de vandalismo. Las sanciones suelen ser económicas y se asumen solidariamente por los padres o tutores si el infractor es menor de edad.

Sin embargo, la tendencia es implicar más a los padres y comprobar si hay responsabilidades penales. El Ayuntamiento de Madrid, de hecho, trasladará a la Fiscalía de Menores la información de los comas etílicos que se han producido durante los últimos macrobotellones. En opinión del consistorio, es "responsabilidad de las familias conocer en qué situación se han encontrado a sus hijos". Cuando interviene la Fiscalía de menores, el fiscal procede a la investigación de las circunstancias en las que se ha cometido el delito o la infracción, algo de lo que pueden derivar sanciones administrativas o penales.