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La Comisión Europea pidió el miércoles a los 27 Estados miembros que reduzcan su consumo de gas un 15% entre el 1 de agosto próximo y el 31 de marzo de 2023. Trata así de pasar el invierno sin cortes de gas en caso de que Rusia suspenda los suministros. Es un objetivo de ahorro voluntario que sólo se convertirá en obligatorio si se incumple. Los ministros de Energía se reúnen el próximo martes en Bruselas para discutir el plan. Para aprobarlo se necesita una mayoría simple, pero la reunión de embajadores de la noche del miércoles deja ver que no hay mayoría si Bruselas no convence a varios gobiernos.
El Gobierno español fue el primero que salió a colocarse en contra. El movimiento de Teresa Ribera, cuentan fuentes al tanto de las conversaciones de los últimos días, puede entenderse como una forma de posicionarse para la reunión del martes. Por sus conocimientos técnicos en materia de energía, la vicepresidenta española pelea en las reuniones con sus homólogos por encima del peso de España.
Como ejemplo, la BBC la colocó como una de las cinco personas más influyentes del mundo (la única de la Unión Europea) en las negociaciones para los acuerdos climáticos. Otras fuentes cuentan que la relación de Ribera con los responsables de Energía y Clima en la Comisión Europea (el vicepresidente Frans Timmermans y la comisaria de Energía Kadri Simson) no es todo lo buena que podría ser.
Ribera dijo la tarde del miércoles que el plan de Von der Leyen “no es ni el más eficaz ni el más justo”. La vicepresidenta dijo: “No podemos asumir un sacrificio sobre el que no nos han pedido opinión”. Esa frase era su forma de mostrar el malestar con la Comisión Europea. “A diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético”, dijo Ribera para recordar cómo Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia y algunos más trataron a los países del sur de Europa durante la crisis financiera de principios de la pasada década.
Técnicamente es difícil de justificar un ahorro del 15% igual para todos. Un informe del centro de estudios Bruegel de principios de junio daba por buena esa cifra pero como una media. En ese informe se apuntaba a que Estonia, Finlandia, Letonia y Lituania debían reducir su demanda de gas un 54%, Bulgaria, Grecia, Hungría y Croacia un 49%, Alemania un 29%, Polonia y Rumanía un 28%, Austria, Chequia, Eslovaquia y Eslovenia un 27%, Dinamarca y Suecia un 21%, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos un 16% e Italia un 9%, España, Francia y Portugal no necesitaban reducirla. La única excepción que admite el plan de la Comisión Europea es que los países que no puedan enviar más energía a sus vecinos de la que ya envían (España) reduzcan su demanda un 10% y no un 15%.
Ribera lanzó más argumentos. España ha invertido 3.500 millones de euros para tener una amplia red de regasificadoras. Las pagan los hogares y empresas españolas en sus facturas (unos 300 millones de euros al año). España además podría ahorrar por razones políticas o económicas internas pero no serviría para ayudar al resto de Europa porque no hay conexiones suficientes con Francia para aumentar los envíos ni de gas ni de electricidad.
El problema alemán es más grave que los porcentajes de reducción de demanda del informe de Bruegel. Su industria funcionó durante décadas gracias al gas barato ruso. Su demanda debería caer un 40% si Rusia cierra todos los grifos. Durante décadas, mientras España construyó seis centrales regasificadoras para tener una alternativa en el caso de que su principal suministrador (Argelia) fallara, Alemania no hizo esas inversiones a pesar de que consume mucho más gas. Era más fácil y barato comprarle todo a Rusia. La Comisión Europea tiene otro argumento. Dice que si España reduce su demanda importará menos y que los metaneros podrán ir a países más necesitados. El problema es que Alemania no tiene regasificadoras para recibir esos buques. Alquila ahora regasificadoras flotantes, una especie de buque central-eléctrica, pero su capacidad es mucho menor a las regasificadoras habituales.
Según los datos de Enerdata, España consumió en 2021 34.000 millones de metros cúbicos. Alemania por su parte 96.000 millones de metros cúbicos, casi tres veces más. Italia más del doble que España, 76.000 millones. Países Bajos, con 18 millones de habitantes, consumió 42.000 millones.
Alemania también está lejos de España en implantación de energías renovables. Según la misma fuente, España es el tercer país de la Unión Europea en capacidad de generación de electricidad a partir de renovables. Con datos de 2021, sólo Suecia (67% de su consumo eléctrico) y Portugal (65,5%) estaban por delante de España (47,1%). Alemania está en el 41,5%, Italia en el 41,4% y Francia aparece lejos, con sólo el 22,6% después de poner casi todos los huevos en el cesto de la nuclear, que ahora tiene 29 de 56 reactores parados, la mitad por problemas de corrosión de los que no se sabe ni el coste ni los plazos de reparación ni si volverán a aparecer después de reparados.
La implantación de las renovables se puede ver también en los datos de emisiones de CO2 per cápita. Entre los grandes países europeos los Países Bajos (8,1 toneladas por persona y año), Polonia (8,1), Bélgica (8,0) y Alemania (7,9) contaminan mucho más que los tres grandes países del Mediterráneo. Cada italiano emite 5,0 toneladas de CO2 al año, cada francés y cada español 4,7.
Una fuente diplomática de un país escandinavo contaba este jueves que la reunión de embajadores del miércoles sirvió también para que varios embajadores mostraran su malestar por otro aspecto del plan de la Comisión Europea. De aprobarse, Von der Leyen tendría la competencia de declarar una especie de estado de emergencia a nivel europeo en caso de crisis energética que llevara a obligar a los gobiernos a prestarse ayuda. Los tratados europeos no establecen por ningún sitio que la Comisión Europea tenga esas competencias.