El Ejecutivo de la UE, que exige una respuesta de Madrid en el plazo de dos meses, recuerda que la normativa andaluza se basa en la legislación española sobre comercio al por menor, que ya es objeto de otro proceso sancionador y por el que Bruselas ya ha llevado a España ante la Justicia europea.
Entre los obstáculos cuestionados por la Comisión figura la obligatoriedad de obtener una licencia comercial específica, además de la municipal, para establecimientos de más de 1.000 metros cuadrados, la exigencia de otra licencia a algunos establecimientos de descuento y liquidación de restos y el impuesto que se aplica al solicitar las licencias.
Respecto a la legislación andaluza, la Comisión critica la obligatoriedad de obtener una licencia comercial específica, antes de la municipal, para abrir un establecimiento de más de 1.000 metros cuadrados en algunos municipios.
Incide en que los criterios utilizados para la concesión de esas licencias "no parecen suficientemente previsibles ni objetivos", pues dejan un margen de apreciación importante a las autoridades y permiten incluso la participación indirecta de representantes de los intereses económicos ya presentes.