El presidente estadounidense se han empeñado en impedir que los sospechosos de terrorismo encarcelados en esa base norteamericana, situada en el sudeste de Cuba, tengan acceso a los tribunales ordinarios de EEUU. Tras la votación en el Supremo, los magistrados han dictaminado que los extranjeros detenidos en Guantánamo sí gozan de estos derechos protegidos la Constitución de EEUU.
Se pone fin así a los juicios a través de las polémicas Juntas Militares. El Supremo ha determinado que esas juntas no constituyen un mecanismo justo para evitar el encarcelamiento de inocentes. En los denominadas formalmente como "tribunales de revisión del estatus de los combatientes", los detenidos no tienen derecho a un abogado, no pueden refutar información secreta y se admiten como pruebas confesiones obtenidas bajo tortura.
El teniente coronel de la Reserva Stephen Abraham, un ex miembro de una de esas juntas, denunció el año pasado en una declaración jurada enviada al Supremo que los procedimientos son "poco más que una validación de las determinaciones previas" hechas por el Pentágono.
El dictamen de la máxima corte del país permitirá a los detenidos escapar del sistema de justicia alternativo y acudir a los tribunales federales. Esa posibilidad también estará abierta para los sospechosos de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que comparecieron la semana pasada por primera vez ante uno de los tribunales especiales anti-terroristas creados en Guantánamo.
Tercera censura a la administración Bush
Se trata de la tercera vez que el Tribunal Supremo censura la actuación del Gobierno respecto a Guantánamo. Dictámenes anteriores obligaron al Gobierno a establecer un sistema de revisión de la situación de los detenidos, caso por caso.
En Guantánamo permanecen unos 270 prisioneros. En total han pasado alrededor de 800 presos desde su apertura a principios de 2002. MLS