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Hora de decidir. El presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, envió el jueves a los gobiernos de los 27 su última propuesta de “caja de negociación”, el paquete que incluye los presupuestos comunitarios para el período 2021-2027 y el Fondo Europeo de Recuperación. Juntos suman 1,82 billones de euros.
Michel, con el visto bueno previo de la alemana Angela Merkel, que ostenta la presidencia semestral del bloque hasta el próximo 31 de diciembre, propone recortar los presupuestos europeos de 1,1 a 1,074 billones para convencer a los frugales de mantener los 750.000 del Fondo de Recuperación.
El proyecto de presupuestos mantiene los cheques compensatorios para Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia, permitiéndoles recuperar una parte de su contribución neta. Esos cheques, que nacieron en los años 80 para el Reino Unido por exigencia de Margaret Thatcher (“¡I want my money back!”) parecen tener larga vida.
La propuesta de Michel incluye otro cambio impulsado desde Berlín para convencer a los tacañones. El dinero del Fondo de Recuperación se iría desembolsando –tanto las transferencias como los préstamos- por tramos para proyectos concretos después de la presentación de un plan nacional de reformas. Michel propone que sea el Consejo –los gobiernos- quien dé el visto bueno a esos planes por mayoría cualificada.
Rechaza la idea holandesa de que sea por unanimidad, algo que sólo defiende el primer ministro holandés Mark Rutte y que le daría derecho de veto. A cambio, Michel deja que sea la Comisión Europea la que, una vez aprobados los planes nacionales, vaya dando el visto bueno a los desembolsos. Un compromiso que a medio camino que podría servir para avanzar.
Michel quiere usar el fondo como un bazooka, lanzando más de la mitad del dinero en 2021 y 2022, como una palanca para dar impulso a las economías europeas. De la parte de transferencias, 270.000 millones se repartirían usando como criterio la tasa media de desempleo, la población y el PIB per cápita entre 2015 y 2019. 93.000 millones llegarían en 2023 y se repartirían según las caídas reales de PBI en 2020 y 2021.
La propuesta de Michel también diluye la idea de que la entrega del dinero del Fondo de Recuperación esté condicionada al respeto de las normas básicas del Estado de derecho. Se trata de presionar a gobiernos como el húngaro o el polaco. Gobiernos como el sueco, el danés o el holandés están endureciendo su postura en este aspecto en las últimas semanas, en parte por razones de política interna.
El húngaro Viktor Orban respondió el viernes: “Dejemos este debate de lado, vamos a resolver los problemas económicos, recuperar nuestras economías, crear puestos de trabajo. Después podremos seguir debatiendo sobre el Estado de derecho”. Debatiendo.
Otra de las condiciones que Bruselas quiere imponer a todos los planes nacionales de reformas es que sirvan para cumplir los objetivos climáticos. No habrá troika ni hombres de negro, nadie habla de “reformas” en la forma en que se habló en la última crisis (como seudónimo de “recortes”), pero se vigilará que la recuperación lleve a unas economías más verdes y más digitales.
Michel quiere, como la Comisión Europea y no tanto Angela Merkel, que los presupuestos comunitarios tengan más recursos propios, una forma de reducir las contribuciones nacionales. Así, en su paquete negociador incluye de nuevo el impuesto al plástico (calcula recaudar 3.000 millones de euros al año), una tasa digital (que no quiere ver ni en pintura el nuevo presidente, irlandés, del Eurogrupo, Paschal Donohoe) y la posible aplicación a partir de 2023 de una tasa carbono en frontera. Desaparece del plan la idea de la Comisión Europea de crear un impuesto especial para las cotizadas que se benefician del mercado común europeo.
La propuesta de Michel, que sigue las ideas de Merkel, será la base para una dura negociación en la primera cumbre presencial desde el inicio de la pandemia. Si fracasa la próxima semana, podría repetirse los días 27 y 28 de julio. La jefa del gobierno alemán quiere un acuerdo este mes porque agosto es casi inhábil en la política europea y porque el bloque debe centrarse en una sucesiva carrera de crisis: evitar un ‘Brexit’ salvaje en diciembre o contener lo que parece una nueva –aunque todavía controlada- propagación del virus.
Merkel parece querer cerrar su etapa europea (en poco más de un año deja el cargo) con una política diametralmente opuesta a la que defendió hace una década. Lejos de aquellos años de ajustes que tanto dolieron en el sur de Europa, la alemana dijo esta semana en el Parlamento Europeo: “Europa saldrá de la crisis más fuerte que nunca si reforzamos la cohesión y la solidaridad”.
Michel intenta seguir el ritmo de Merkel, pero reconoce que el acuerdo sigue lejos: “Mi impresión, después de una serie de consultas los últimos días, es que todavía no hemos terminado las negociaciones y que nos queda mucho trabajo por hacer”.
Michel, contaban la semana pasada fuentes comunitarias, se encuentra con un problema creciente a la hora de negociar: la formación de bloques. Los cuatro grandes (Alemania, Francia, Italia y España) apoyan las líneas básicas de su propuesta y cuentan con el apoyo de un puñado de gobiernos: Portugal, Grecia, Chipre, Bélgica o Luxemburgo, entre otros. Suman más del 80% del PIB de la UE, pero no basta y la influencia franco-alemana patina, como demostró la derrota de Calviño para presidir el Eurogrupo.
Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia son los más reticentes. Pero hay más grupos. Los de Visegrado (Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia) negocian en bloque, ganando peso. También lo hacen en parte “Los amigos de la cohesión”, un grupo que lidera por tamaño España y que cuenta a los países del sur y buena parte de los del este.
Los tacañones, que saben que no podrán hacer que el Consejo tenga que aprobar los planes nacionales de reforma por unanimidad –eso supondría el fracaso de toda la negociación-, apuntarán en la cumbre a su último objetivo: rebajar los 750.000 millones de euros del Fondo de Recuperación y reequilibrar transferencias y préstamos, ahora mismo previstos en dos tercios y un tercio. Dos partidas, que suman 26.000 millones (Instrumento de Apoyo a la Solvencia) y 30.000 millones (InvestEU) tienen la mayoría de las papeletas para desaparecer.