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Miles de personas han marchado este domingo por las calles de París para abordar la emergencia climática. Los ecologistas consideran un fracaso la ‘Ley del Clima’ que fue aprobada este pasado martes por la Asamblea francesa, porque quieren medidas más ambiciosas.
En el mes de febrero se dictaminó que Francia debe hacer más por frenar el cambio climático, y el presidente Emmanuel Macron ha apuntado en reducir las emisiones de efecto invernadero del país en un 40% para 2030.
La ley contra el cambio climático aprobada desincentiva el uso de transportes contaminantes y que incluye medidas para proteger la Amazonía francesa de su provincia de Guyana. El texto, que debe ahora pasar por el Senado antes de su aprobación definitiva, salió adelante gracias al apoyo del partido gobernante el centrista La República en Marcha (LREM) y obtuvo el apoyo de 332 diputados, 77 noes y 145 abstenciones (la mayoría en el bloque de la derecha).
Nacida de las propuestas de una asamblea ciudadana impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, la norma pretende modificar los hábitos de vida de los ciudadanos, a quienes se incentiva a usar medios de transportes menos contaminantes.
Por ejemplo, se prohibirán rutas aéreas dentro de Francia si hay una conexión ferroviaria disponible de menos de 2 horas y 30 minutos de duración. Asimismo, las ayudas económicas para el cambio de vehículos contaminantes se extenderá también a la adquisición de bicicletas eléctricas.
La ley también pretende adoptar maneras de consumo más sostenibles, evitando ofrecer con tanta frecuencia alimentos con una considerable huella contaminante, como la carne. Así, se introducirá un menú semanal vegetariano en los comedores escolares. El texto prevé prohibir la publicidad en favor de las energías fósiles (carburantes, gas, fuel).
Otros sectores relacionados con el uso de esas energías no resultan directamente regulados, aunque la norma recuerda los compromisos de los fabricantes de vehículos franceses, que gastarán el 70 % de su presupuesto publicitario en los automóviles eléctricos. Otro de los artículos de la norma es la obligación de realizar hasta 2028 trabajos de aislamiento térmico en viviendas de alquiler que consumen demasiada energía (se calcula que hay unos 5 millones en todo el país).
También figuran en el texto la reducción de las áreas urbanizables en detrimento de zonas agrícolas o espacios naturales y el establecimiento de un delito general sobre la contaminación del agua y del aire, con multas de hasta 4,5 millones de euros (5,4 millones de dólares) y hasta diez años de prisión.
Asimismo, se establecerá una reducción del 50% hasta 2030 de las emisiones de partículas finas generadas por la calefacción de leña en los territorios más contaminados, mediante el reemplazo de los cerca de 600.000 aparatos basados en esa fuente energética.