La Comunidad de Madrid denuncia ante la Fiscalía "amenazas" a Ayuso en la acampada de Sol: del "Payasa, okuparé tu casa" al "Muérete"
En referencia a pintadas como "Ayuso, payasa, okuparé tu casa" o "Ayuso muérete", "Ayuso, cuidado".
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La Comunidad de Madrid ha denunciado este miércoles ante la Fiscalía amenazas, insultos y expresiones ofensivas como "Ayuso, payasa, okuparé tu casa" o "Ayuso muérete", "Ayuso, cuidado" , por posibles delitos de odio contra la presidenta madrileña en la acampada del Sol y pide el acceso a las grabaciones.
La denuncia, según informa el Gobierno regional, recoge los cánticos e insultos contra Díaz Ayuso, así como fotografías de las pancartas y pintadas con amenazas graves, en las que se desea su "muerte" y se incita a "quemar su vivienda". En concreto, el gobierno madrileño pide el acceso y la conservación inmediata de las grabaciones de videovigilancia de la Puerta del Sol y los establecimientos cercanos, así como la recopilación de los partes de intervención policial y la identificación de las personas que pudieran haber participado en estos actos.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid considera que los hechos descritos podrían ser constitutivos de los delitos de amenazas (artículo 169.2 del Código Penal); de injurias graves con publicidad (artículo 208); de odio (artículo 510.2), y diversos de daños recogidos en los artículos 323 y 263 del mismo Código Penal.
Daños a bienes públicos de valor histórico, cultura y monumental
La denuncia también incluye los daños ocasionados en bienes públicos y elementos de valor histórico, cultural y monumental, como la estatua del Oso y el Madroño y la fachada de la Real Casa de Correos, ambos bienes de interés cultural (BIC), y la estatua ecuestre de Carlos III. Y también las pintadas, pegatinas y "actos vandálicos" que se han producido, y añade que su contenido "participa de la misma naturaleza ofensiva y amenazante contra la presidenta de la Comunidad de Madrid".
Además, se refiere a los desperfectos en el alumbrado público, farolas, marquesinas y pavimento de la plaza, con los consiguientes costes de reparación y limpieza.
Unos hechos que, según el Gobierno autonómico, continúan produciéndose, "sin solución de continuidad", en el momento de la presentación de la denuncia, incrementándose el número de expresiones "humillantes y amenazantes", y los daños ocasionados. Particularmente, como hecho concreto y determinado, destacan el de la noche del 30 de septiembre, en torno a las 23 horas, cuando varias personas "fácilmente identificables mediante las cámaras instaladas en la Puerta del Sol" proyectaron una imagen de la cara Díaz Ayuso en la fachada principal del edificio de la Real Casa de Correos de Madrid, con una línea roja que tachaba su rostro, donde se expresaba "Ayuso, Almeida, iros a la mierda".
Al considerar que este tipo de hechos denigran su imagen y fomentan el odio y la hostilidad, la Comunidad de Madrid solicita a la Fiscalía Provincial que impulse las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.
Batalla legal contra la acampada de Sol en Madrid
El Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha intensificado en la última semana su ofensiva judicial e institucional contra la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol, que considera "absolutamente ilegal" y cuyo desalojo ha reclamado prácticamente desde que se instaló el pasado 26 de septiembre.
Al inicio de la protesta, la Comunidad de Madrid puso el foco en los daños al patrimonio protegido de la plaza o los perjuicios económicos a los negocios de la zona, pero en los últimos días ha elevado progresivamente el tono, hasta el punto de insinuar la presencia de terroristas entre los manifestantes o denunciar ante la Fiscalía "posibles delitos de odio" contra la propia Díaz Ayuso.
El primer paso para intentar forzar el desalojo de la acampada se dio el 29 de septiembre, cuando el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, envió un requerimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, con un ultimátum: si no se desmantelaba la protesta en 48 horas, la Comunidad acudiría a los tribunales.
Martín desoyó la reclamación, alegando que estaba actuando de manera adecuada y que la protesta se enmarca en el derecho fundamental de reunión, por lo que el 31 de septiembre la Comunidad interpuso un recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelarísimas, con la intención de que la Justicia forzara a la Delegación a desalojar la plaza.
La Comunidad argumentó que la acampada es una "ilegal ocupación del espacio público", que genera perjuicios al turismo y al comercio y que no hay condiciones de higiene, y acusó a la Delegación del Gobierno de no haber actuado para proteger la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, de daños en la fachada, ni la estatua del Oso y el Madroño.
El caso fue elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en sendos autos (el último, dictado el 7 de octubre) se negó a adoptar tanto las medidas cautelarísimas como las cautelares solicitadas por el Gobierno de Díaz Ayuso.
Sin entrar al fondo del asunto, los magistrados consideraron que en este momento procesal no se ha acreditado la inactividad administrativa de la Delegación de Gobierno y apuntan a que en este tipo de casos se debe esperar un plazo de tres meses para interponer recurso por inactividad.
Ayer, la Comunidad de Madrid interpuso un recurso de reposición contra el auto que denegó las cautelares.
Las insinuaciones sobre grupos terroristas
El sábado 10 de octubre, en un mitin del PP, Díaz Ayuso pidió a la Delegación del Gobierno "saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando la acampada". Las declaraciones se producían después de que, el 1 de octubre, la organización proisraelí radicada en España Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) afirmara públicamente que la red de apoyo a los prisioneros palestinos Samidoun, prohibida en varios países, estaba presente en la acampada.
Otro enfoque esgrimido por el Ejecutivo regional ha sido el de los riesgos que la acampada, afirman, podría conllevar para los viajeros de Metro especialmente en el caso de una evacuación urgente o una intervención de los servicios de emergencia, según una misiva del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, remitida el martes al delegado del Gobierno.
Finalmente, ayer la Comunidad de Madrid activó una nueva vía judicial al denunciar ante la Fiscalía amenazas, insultos y expresiones ofensivas como "Ayuso, payasa, okuparé tu casa" o "Ayuso muérete", que a juicio del Gobierno autonómico podrían constituir "delitos de odio".
La Comunidad no ha descartado emprender la vía penal contra el delegado del Gobierno (como ya ha hecho Vox, que se querelló contra Martín el lunes) y tampoco acudir al Tribunal Supremo para que le obligue a desalojar la Puerta del Sol.