Antes de acceder al cargo, estuvo al frente de la jefatura de la Fiscalía del Tribunal de Justicia del País Vasco y fiscal de la Audiencia Provincial de Bilbao.
Fue en 1999 cuando la entonces ministra de Justicia Margarita Mariscal lo nombró fiscal general del estado durante el periodo de mandato de José María Aznar.
Una de las medidas más llamativas de su carrera como fiscal del Estado se dio en 1998 al oponerse a la petición de extradición del chileno Augusto Pinochet, presentada por el juez Baltasar Garzón, y en 2002 interpuso ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de Batasuna.
Además de al cargo público también se dedicó a la enseñanza entre 1984 y 1989, cuando ingresó como profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Económicas del País Vasco. Después de jubilarse se dedicó exclusivamente a al abogacía.
Desde la Fiscalía General han querido transmitir en el comunicado su "más sentido pésame" a los familiares de Cardenal.