Las personas que reciben ayuda por dependencia suben casi un 10% en un año

En concreto, el incremento interanual es el 8,5%, un ritmo que no se había alcanzado en la última década
La espera para recibir la ayuda a la dependencia: casi un año para tener respuesta
Por primera vez, más de 1,57 millones de personas reciben en España ayudas vinculadas a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Esto supone un incremento interanual del 8,5%, un ritmo que no se había alcanzado en la última década. El número total de prestaciones reconocidas roza ya los 2,3 millones, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, lo que confirma la presión creciente que sufre el sistema.
El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y los cambios en los modelos familiares están detrás de esta escalada de solicitudes. En el tercer trimestre de 2025 se han registrado 2.272.565 peticiones de valoración de dependencia, un 6,5% más que en el mismo periodo del año anterior y un 23 % más que en 2020. El propio ministerio reconoce que “el sistema ha alcanzado cifras récord tanto en número de beneficiarios como en prestaciones concedidas”.
Más beneficiarios, pero también más retrasos
Sin embargo, a pesar de este crecimiento, el sistema arrastra un cuello de botella estructural: los tiempos de espera. Aunque la ley establece un plazo máximo de 180 días para obtener la resolución de dependencia, la media actual es de 342 días, casi el doble, según denunció en julio la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. En el extremo inferior estaría Ceuta, con 66 días, mientras que en Murcia o Andalucía se tardan 563 y 559 días respectivamente. Además, el número de personas en lista de espera para recibir prestación ha crecido en lo que va de año: 286.861 personas se encuentran aún “en el limbo de la dependencia”.
En paralelo, se informaba en abril que la lista de espera había bajado un 9,4% interanual en marzo, situándose en 182.532 personas, aunque con una tramitación media de 338 días. Esta aparente contradicción refleja que el sistema está logrando resolver más casos, pero no consigue reducir los plazos, lo que mantiene a muchas personas en una situación de alta vulnerabilidad.

Más atención domiciliaria
El Ministerio de Derechos Sociales ha apostado en los últimos años por un modelo de atención basado en la proximidad, centrado en el hogar. Según datos oficiales, el 56% de las prestaciones se entregan ya en los domicilios, en lugar de en centros o residencias. Las ayudas de teleasistencia han crecido un 119% desde 2020, mientras que la ayuda a domicilio lo ha hecho un 42,5% en el mismo periodo.
Además, el promedio de prestaciones por persona beneficiaria ha aumentado de 1,27 en 2020 a 1,41 en 2025, lo que refleja una mayor diversificación en el tipo de apoyos ofrecidos. Este enfoque busca no solo cubrir necesidades básicas, sino también promover la autonomía personal, reducir el aislamiento y reforzar la permanencia en el entorno habitual.
No obstante, organizaciones del sector critican que esta expansión no va acompañada de una mejora suficiente en la financiación, ni tampoco de una reducción efectiva de los tiempos de espera. “Una prestación que llega tarde, no llega”, han reiterado en múltiples ocasiones los directores de servicios sociales autonómicos.
Una dependencia cada vez más femenina
El perfil mayoritario de las personas beneficiarias sigue siendo femenino. Según un análisis reciente, el 72% de las personas cuidadoras y el 66% de los beneficiarios son mujeres. Esta feminización del sistema evidencia un desequilibrio de género tanto en la provisión como en la recepción de los cuidados.
En paralelo, la demanda de servicios formales de atención sigue creciendo, en parte porque muchas familias ya no pueden asumir el cuidado en solitario. La figura del “cuidador informal”, que habitualmente suele ser una hija, la nuera o la propia esposa, se va desdibujando en un contexto donde se prioriza la profesionalización del servicio y el derecho universal a la atención.
En definitiva, que el sistema de atención a la dependencia en España ha crecido en volumen, en cobertura y en prestaciones. Sin embargo, aún está lejos de ofrecer una respuesta ágil y eficaz para las miles de personas que, cada año, entran en la red con la esperanza de ser atendidas. Con una población cada vez más envejecida, la sostenibilidad del sistema exigirá no solo más recursos, sino también una reestructuración profunda que priorice la agilidad, la calidad del servicio y la justicia social.
Mientras tanto, como advertía recientemente la Asociación de Gerentes Sociales, “cada día que pasa sin que una persona dependiente reciba lo que necesita es un fracaso colectivo del Estado del bienestar”.

