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Si hace años la salud mental era un tabú, a día de hoy se ha convertido en el tema de conversación de moda. Sin embargo, que se hable de ello no implica que haya mejorado sustancialmente, y es que, en comparación con otros países europeos, España está en la cola en lo que a atención psicológica se refiere.
Es por ello que en 2019 se presentó una propuesta de ley de salud mental, pero al convocarse elecciones generales nada más y nada menos que en dos ocasiones, se quedó en el aire, como sucede muy a menudo con el sufrimiento psicológico. Como no es palpable, se pasa por alto, y no ha sido hasta septiembre de 2021 cuando por fin la nueva ley de salud mental ha cobrado forma.
Ha sido necesaria una pandemia para que desde el terreno político se entendiese que la salud mental es una prioridad. “Según el INJUVE, problemas de salud mental como ansiedad y depresión aumentaron un 32% en la población juvenil durante 2020”, señalaba la proposición de ley emitida a través del boletín oficial de las Cortes Generales. “La fundación ANAR afirma que las ideas e intentos de suicidio infanto-juvenil han aumentado un 1,9 %. Otro estudio de UNICEF, de 2020, pone de manifiesto cómo un 27% de adolescentes y jóvenes consultados tras el confinamiento sentía ansiedad; el 15%, depresión; el 46%, menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba; y el 73% mostraba la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental, aunque el 40% no la haya solicitado.”
Asimismo, señalaban los factores que afectan a la salud mental de la población, como el desempleo y la precariedad laboral, el estrés laboral, la desigualdad de género, la falta de tiempo de ocio, el ritmo de vida frenético o la dificultad para conciliar la v ida personal, familiar y laboral. Por ello surge esta proposición de ley que pretende ser, en términos coloquiales, un salvavidas en medio del océano.
En términos generales, la ley pretende mejorar la salud mental a nivel individual, pero también crear un clima laboral y social en el que no haya cabida para los prejuicios o la discriminación por padecer un problema psicológico.
Para conseguir este objetivo se propone:
Tal y como viene reflejado en el documento emitido por el Congreso de los Diputados, “la ley entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) excepto las medidas que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos del presupuesto del ejercicio en curso, que entrarán en vigor en el ejercicio presupuestario siguiente”.
Esto quiere decir que aunque haya ciertas medidas que entran en vigor ya, otras requieren más tiempo, por ejemplo el ratio de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos, y 23 enfermeras y enfermeros de salud mental. Según los portavoces de Unidas Podemos, partido político a la cabeza de la propuesta de ley, este objetivo puede tardar hasta cuatro años en alcanzarse desde que la ley entre en vigor.
Durante la votación a finales de septiembre, la propuesta obtuvo 194 votos a favor, 10 en contra y 141 abstenciones. PSOE, Ciudadanos o Más País han apoyado la propuesta, mientras que otros como el Partido Popular se han abstenido. “La mejor ley de salud mental es la ley de presupuestos”, afirmaba Rosa Romero, portavoz del PP, a lo que añadía que no iban a ser un impedimento respecto a esta ley y que “aunque no estamos de acuerdo en la forma estamos de acuerdo en el fondo”. Finalmente, desde VOX se ha mostrado un rechazo a la ley alegando que apoya la implementación de “nuevos chiringuitos”.
Las críticas del partido de Santiago Abascal coinciden con las de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), que califican la propuesta como un “despropósito desde un punto de vista médico” por considerar que la precariedad laboral y la pobreza son origen de los trastornos mentales.
Todo este debate deja en juego una gran pregunta: ¿Qué es lo que piensan las personas con trastornos mentales? Ya conocemos la opinión de políticos, psicólogos, psiquiatras y demás expertos en salud mental, pero tal vez es oportuno preguntar a quienes a día de hoy sufren las carencias de un sistema sanitario que invisibiliza la salud mental. Por lo demás, solo el tiempo revelará si esta ley es una solución o un parche temporal.
La información contenida en este artículo está basada en la proposición de Ley General de Salud Mental emitida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales a fecha del 17 de septiembre de 2021.