Penas de hasta seis años de cárcel para los empresarios que no respeten en reiteradas ocasiones la legislación laboral

Con la reforma del Código Penal para reducir y reestructurar el delito de sedición, el Gobierno de coalición también quiere mover ficha para acabar con los falsos autónomos y las empresas que se aprovechan de ellos. Con esta reforma del Código Penal, el gobierno planea poder aplicar sanciones penales, hasta ahora económicas, contra los empresarios que realicen esta práctica, de forma reiterativa. Las nuevas penas podrán ascender hasta seis años de cárcel.

Uno de estos falsos autónomos son los denominados 'riders' que compañías como Glovo utilizan para sus repartos a domicilio. En septiembre de 2020, ya el Tribunal Supremo declaró que estos trabajadores eran falsos autónomos, ya que entre la agencia de comida a domicilio y los repartidores existe una relación laboral, por lo que la empresa estaría incumpliendo las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio y no actuaría como simple intermediario, como defendían.

Con las enmiendas presentadas por el PSOE y Podemos, se busca endurecer los delitos contra los derechos de los trabajadores, pero también garantizar su derecho a la protesta, siempre que sea pacífica y castigar severamente a quien realice desvíos de fondos presupuestarios a otros fines. Esta medidas se darán con la reforma del artículo 311 del Código Penal, con el objetivo de tener la potestad de actuar contra las empresas que incumplan la nueva normativa en reiteradas ocasiones.

Según recoge el diario El País, el nuevo texto del Código Penal impondrá desde "seis meses a seis años" a aquello que "impongan condiciones ilegales bajo fórmulas ajenas a su contrato de trabajo". Lo que supone un fuerte varapalo para las empresas de reparto a domicilio como Uber Eats, Glovo, etc. Con la denominada ley riders ya se intentó poner fin a los falsos autónomos, pero empresas como Glovo continuaron con su método. Debido a esto, la empresa ha sido obligada recientemente a pagar una multa de 79 millones de euros. Por ello, con la nueva normativa que quieren aprobar en el Congreso de los Diputados, se podrán castigar de forma penal a estos reincidentes y no solo son sanciones económicas y administrativas.