Drama en el Mirador Monte Pedrera: 23 de las 46 viviendas son okupadas entre amenazas de muerte
Solo 11 viviendas han sido vendidas de forma legal
Hasta la promotora debe el dinero de la Comunidad
El complejo se ha convertido en un infierno de amenazas y se está deteriorando
El complejo residencial Mirador Monte Pedrera está que arde. Y no es para menos. No son esta vez pisos abandonados en malas condiciones o vacíos los que han sido tomados al asalto. La okupación en Dénia parece que ha escalado una posición porque la última urbanización okupada está situada en un entorno tranquilo en La Pedrera. A los pies del Montgó en un sitio y con unas instalaciones de lujo, ahora convertidas en barriada llena de basura con muchas deficiencias.
El hecho ha causado enorme perplejidad e indignación entre los vecinos que sí pagan altas sumas de dinero por unas casas en las que 23 de los 46 viviendas está okupadas por gente que no paga un euro y solo 11 han sido vendidas de forma legal. No solo eso. Los vecinos tienen que convivir con actos de vandalismo, coches rayados, ruedas pinchadas, enganches ilegales de luz, y todo a costa de la Comunidad de vecinos. Luis Mira, abogado de la Comunidad de Propietarios confiesa a declaraciones a Informativos Telecinco confirma que "el modus operandi es reventar las cerraduras". Los okupas se justifican diciendo que no tienen dinero ni dónde ir.
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Hasta la promotora debe dinero a la Comunidad
Y para más inri, la propia promotora no paga su parte de la Comunidad. Medios locales como La Marina Plaza o Las Provincias se hacen eco de la situación en la que los vecinos denuncian que solo la promotora les debe 150.000 euros. Y eso provoca que la urbanización se esté deteriorando a pasos agigantados.
No hay forma de desalojar a los okupas. Lo han intentado con denuncias, con reuniones con policía y ayuntamientos desde que en 2017 se produjera una invasión en la urbanización. Ahora, la falta de pagos ha provocado que en las zonas comunes falte luz, que la piscina no se pueda usar y un ascensor se usa porque lo paga una vecina. No solo eso. Las amenazas de muerte son constantes por parte de los okupas. "Se contrató un vigilante que acabó en el hospital con un brazo roto", confiesa Diego Piera, administrador de la propiedad en declaraciones a Informativos Telecinco.
No queda ahí la indignación porque entre los vecinos crece la sospecha de que los okupas puedan estar haciendo negocio con las viviendas alquilándolas a otras personas y dado el movimiento en algunas de ellas creen que algunas pueden estar siendo usadas para el menudeo de drogas. La titularidad de la vivienda está en sede judicial y los vecinos legales ya no soportan más.