Emilio Fernández Murciano, responsable de la iniciativa en Cataluña, solicitó ante el Ayuntamiento badalonés, según relata el periódico madrileño, la autorización necesaria para poner una mesa en una calle de la ciudad con el objeto de recoger firmas destinadas a promover un debate sobre la dureza de las penas a autores de asesinatos como el de la joven sevillana Marta del Castillo.
La respuesta del Gobierno local fue positiva, siempre y cuando abonasen una cuota de ocupación de vía pública de 7,90 euros, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal número 23 del Ayuntamiento, sobre tasas para actividades en la vía pública. Fernández Murciano abonó la citada cantidad y explica que no sin enfado porque le "dijeron que debía pagar esto porque mi actividad podría entenderse como venta ambulante".
Además, Emilio Fernández ha criticado la actitud de la clase política de la ciudad ante la iniciativa. Critica que, a pesar de ser avisados con antelación, ningún político de la ciudad se ha dejado ver por la mesa, a excepción del concejal 'popular' Xavier García Albiol.