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Jónathan de Jesús Robaina es el nombre que figura en su Documento Nacional de Identidad y así le presentaba el juez en la sala, al comenzar la primera vista el pasado lunes. Pero su aspecto era el de una mujer, con gafas y una larga melena negra. Su abogado solicitó entonces que le llamaran Lorena, porque en prisión había comenzado un proceso para cambiar de sexo.
"Yo soy una mujer y no quiero estar con una chica, sino con un hombre", decía en su alegato, bajo la mirada atenta del jurado. Le acusan de matar a su prima Vanessa, asestándole más de 30 martillazos, estrangularla y abusar sexualmente de ella.
Ocurrió el 4 de junio de 2018 en la localidad de Betancuria (Tenerife). Sobre el cuerpo de la víctima encontraron restos de semen con el ADN del sospechoso, que confesó su autoría. La Fiscalía mantiene que se trató de un crimen machista y le pide 27 años de cárcel. Sin embargo el letrado de la defensa asegura que fue un homicidio,tras sufrir un arrebato por los problemas mentales que padece.
Familiares y amigos dudan ahora si esta transformación es real o forma parte de una estrategia para rebajar en 15 años la condena. Coinciden al señalar que Jony -como entonces llamaban a este joven que tenía 21 años- era muy mujeriego y estaba obsesionado con su prima. La asaltó por la noche en su casa, a la que accedió con una copia de sus llaves.
Fue detenido cuatro días después y desde entonces se encuentra en prisión provisional. Acaba de iniciar los trámites para solicitar a la administración para que le traten como una mujer, un reconocimiento que no implica el de una nueva identidad jurídica.
Hasta que no haya una resolución definitiva deberá permanecer en un módulo del penal para hombres. Los especialistas tendrán que elaborar unos informes médicos teniendo en cuenta su trayectoria vital y social, su situación psicológica, médica y fisiológica antes de poder determinar su identidad de género.
La Administración Penitenciaria regula desde el año 2006 la Integración Penitenciaria de las Personas Transexuales, en base a la instrucción 7/2006, de 9 de marzo. Contempla la posibilidad de elegir módulo indistintamente, en relación al género sentido y no al que figura en la documentación oficial.
También puede solicitarse el empleo de un nuevo nombre, en concordancia al sexo para las relaciones interpersonales y grupales dentro de los centros, aunque en la información oficial solo puede emplearse el que esté acreditado.
Esta información debe ser facilitada a los funcionarios con el fin de que se respete la identidad sexual, la igualdad y la no discriminación con el resto de los reclusos. Además estas personas deben recibir un tratamiento adecuado a su identidad psico-social y ajustar su comportamiento para que puedan desarrollar su vida de la forma más normalizada. De este modo se minimizan los riesgos de sufrir agresiones homófobas a manos de otros reclusos.
El criterio de la “identidad sexual aparente” ya se había contemplado anteriormente en la Instrucción 1/2001, que tiene en cuenta los caracteres fisiológicos y la apariencia externa del interno. Pero esta normativa tuvo que ser modificada, ya que únicamente reconocía a aquellas personas transgénero que se hubieran sometido a una intervención quirúrgica.
Estas personas participan además en programas dirigidos a avanzar en su integración social y la reinserción. Periódicamente se elaboran informes de valoración médica y psicológica y se hace un reconocimiento de la identidad psico-social de género.
Los trabajadores deben velar por la dignidad de estos internos y hacer un tratamiento acorde a su identidad reconocida socialmente. Esto supone una serie de derechos y deberes pero también conlleva algunas complicaciones.
Los funcionarios no tienen órdenes concretas de cómo actuar al respecto y a veces no saben bien por qué instrucciones regirse. Durante los cacheos tienen que utilizar los métodos electrónicos y se ven obligados a mantener una especial atención en las entradas y salidas a las instalaciones de uso colectivo, para evitar posibles incidentes.
Además estos internos tienen derecho a acceder a los servicios especializados de salud para continuar con el proceso de transexualización, en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. Los centros penitenciarios deben garantizar la recepción del tratamiento endocrinológico, bajo una supervisión médica periódica.
El Colectivo de Familias Trans ha querido mostrar su indignación en el caso de Tenerife, ya que la solicitud de cambio de sexo se ha producido dos días después de que se aprobara la Ley Trans en Canarias.
En un comunicado publicado en las redes sociales señalan: "Un hombre peligroso para las mujeres va a ingresar en una cárcel de mujeres. Ahora nos queda ver cuántos reclusos le imitan, porque os recuerdo que Jony no está obligado a operarse nada para ser considerado como mujer. Basta que diga que se siente como tal", critican.
Llevan años tratando de sacar esta ley adelante y ahora se ha convertido en la más avanzada de España. Por eso no están dispuestos a que puedan aprovecharlo para acortar la estancia en prisión.
El Instituto Canario de Igualdad está personado en el caso de Vanessa como acusación particular y también es pionera al contar con una norma autonómica que sí contempla como víctima de violencia de género la ejercida por hombres aunque no sean sus parejas o exparejas, a diferencia de la estatal.