Las pesquisas que han conducido a la detención de trece varones y dos mujeres, entre propietarios y trabajadores del Grupo El Salvador, tienen su origen en el proceso penal iniciado en 2017 entre la funeraria y un empleado que una vez jubilado extorsionó a la mercantil para ver mejorada su pensión como requisito para no desvelar estas prácticas irregulares.
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