Los hijos del dueño de La Mechá figuran como administradores únicos de dos empresas: Sandro Marín es propietario de Magrudis y Mario Marín está al frente de Elaborados Cárnicos Mario. Esta última no está dada de alta en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, pese a que es obligatorio cuando se dedica a “la intermediación del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco, y la industria y elaboración de productos cárnicos”, como reza en el Registro Mercantil. Este registro implica estar sujeto a inspecciones, controles y sanciones. Es una empresa que se creó a finales de 2017, que comparte domicilio social con Magrudis, y que no tiene empleados ni ha declarado ventas.
Sandro Marín informó a la Consejería de Salud en julio de que había ampliado sus instalaciones al haberse anexionado la nave contigua a Magrudis, unas obras que realizó sin autorización, porque debería haber informado con antelación a la Junta de Andalucía. Lo comunicó cuando había empezado de nuevo a elaborar productos cárnicos, habiendo evitado la inspección sanitaria previa.
A todo este escándalo se suma que la empresa responsable del brote de listeria estuvo trabajando durante 6 años sin ningún permiso, y que además se realizaron dos inspecciones en las que no detectaron la ausencia de licencias.
Además, el administrador y el gerente de Magrudis aseguraron en agosto que ninguno de los análisis que se habían realizado previos a la alerta alimentaria habían dado positivo en listeria. Ahora se ha descubierto que un laboratorio comunicó en febrero que una muestra de su carne había dado positivo, la empresa lo sabía y siguió funcionando.
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, sostiene que el verdadero propietario de La Mechá es José Antonio Marín Ponce, el padre, y que utilizó a su hijo como testaferro. Esto se debe a que Magrudis no tiene ningún inmueble a su nombre para responder a las indemnizaciones de los afectados.
La Junta de Andalucía ha anunciado que va a presentar una querella contra Magrudis, que se une a las dos denuncias que ya ha presentado ante la Fiscalía. Además, no levantará la alerta por listeria hasta mediados de octubre aunque el 90% de los afectados ya estén dados de alta. Esta denuncia se suma a la que ya han presentado varios perjudicados con la ayuda de un bufete de Sevilla que abrió una plataforma para afectados por el brote. Entre ellas, la de una mujer embarazada por homicidio imprudente que perdió a su hijo. Las indemnizaciones pueden alcanzar los 100.000 euros.
El padre y los dos hijos implicados pasarán a disposición judicial este jueves.