Negacionistas colapsan el email del TSJ de Canarias enviando más de medio millar de mensajes
La cuenta de correo electrónico del TSJC se vio saturada de mensajes enviados por negacionistas de las medidas anti-covid
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha presentado denuncia ante la Policía Nacional
La brigada de delitos tecnológicos intentará identificar a los autores para depurar responsabilidades
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC) ha confirmado que la cuenta de correo electrónico oficial de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Las Palmas de Gran Canaria se vio saturada en la mañana del viernes 21 de enero con más de medio millar de mensajes enviados por personas contrarias a las medidas adoptadas para la prevención del covid-19.
Según han informado fuentes del TSJC, ante tales hechos, que afectan al normal funcionamiento del órgano judicial, el presidente de la Sala ha presentado denuncia ante la Policía Nacional.
La brigada de delitos tecnológicos del Cuerpo de Policía Nacional está llevando a cabo las investigaciones tendentes a esclarecer los hechos e identificar a sus autores para depurar responsabilidades.
Correos amenazantes a sanitarios de Canarias
Por otra parte, la Jefatura Superior de Policía de Canarias investiga la supuesta existencia de amenazas e intimidaciones contra 6.339 enfermeros y auxiliares que vacunan desde diciembre de 2021 en las Islas a menores de 12 años frente al covid-19, como ha denunciado el Servicio Canario de la Salud (SCS).
Estos profesionales han recibido en sus correos electrónicos corporativos un documento en formato PDF con mensajes amenazantes respecto de la campaña pediátrica que desarrollan para inmunizar a la población de entre 5 y 12 años frente al coronavirus, ha confirmado el propio director del SCS, Conrado Domínguez. Estas cartas están firmadas por dos colectivos: la Asociación Nacional Sovida y la Asociación Nacional Leaders Collegue International.
Según la denuncia que investiga la Unidad de Delitos Telemáticos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en los mensajes masivos enviados a estos sanitarios estas dos entidades les acusan de estar "cometiendo graves delitos tipificados en el Código Penal contra menores de edad". Para ello esgrimen argumentos ampliamente desacreditados por la ciencia, como que las vacunas inoculadas a menores de 12 años no son seguras o que causan reacciones graves e incluso letales.
Otros aspectos que el SCS pretende que se esclarezcan son los supuestos delitos de acoso y vulneración de datos personales que estas asociaciones podrían haber cometido al acceder a unos correos electrónicos corporativos que no son de uso público, sino que tienen un carácter administrativo, por lo que están protegidos por la Ley de Protección de Datos.
