Rosario Porto era una mujer reconocida en Galicia hasta que Asunta, su hija adoptada apareció muerta en un camino forestal, en Teo, próximo a Santiago de Compostela. A partir de ahí su vida comenzó a caer en cascada y salieron a la luz los esqueletos que se escondían en los armarios de la abogada que llegó a ser cónsul honoraria de Francia en Santiago de Compostela y terminó ahorcada en una celda de la cárcel de Ávila.
Rosario Porto nació el 11 de julio de 1969, en su ambientes escogidos por la burguesía y la élites más progresistas de la ciudad. No en vano su padre era abogado y su madre profesora de Historia del Arte en la Universidad de Santiago.
La joven Rosario asistió a los mejores colegios y terminó su educación secundaria en el Yago School, de Oxford, en Reino Unido. Su formación universitaria en Santiago de Compostela, donde se licenció en leyes y completó su preparación en el High School of Law, de Londres para seguir con un posgrado universitario en París.
Porto regresó a Santiago en 1996 y se puso a ejercer la abogacía en el despacho que su padre, Francisco Porto Mella, en plena capital gallega, donde entre esas calles se desenvolvió su vida durante todos estos años, en los que se casó con el entonces periodista Alfonso Basterra, fue presentadora habitual de conferenciantes en el Ateneo hasta que el horror llegó con el hallazgo en 2013 del cadáver de Asunta, su hija adoptiva.
En ese momento las investigaciones revelaron los agujeros negros de la pareja y las pruebas que terminaron con la condena por el asesinato de Asunta. Fue entonces, cuando Rosario Porto, la abogada de éxito, cayó desde lo alto del reconocimiento social hasta el pozo sin fondo del crimen.
A pesar de las pruebas, sus versiones contradictorias, los restos de lorazepam encontrado en el pelo de la niña en los meses previos a su muerte, Rosario Porto continuó diciendo que era inocente.
El Tribunal Supremo confirmó en 2016 la condena de Rosario Porto y Alfonso Basterra a 18 años de prisión por el asesinato de su hija. La Sala de lo Penal rechazó los recursos presentados por las defensas de los padres de la niña, que tenía 12 años.