La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una encuesta que muestra que el alquiler de vivienda es un problema grave para muchos españoles. Según sus datos, más de la mitad de los inquilinos (63%) dedican más de un tercio de sus ingresos a pagar el alquiler y los gastos relacionados con la vivienda. Además, el 26,6% de los encuestados dice tener problemas económicos graves en su familia.
La encuesta también revela que los inquilinos tienen ingresos más bajos que los propietarios. El 34% de los inquilinos gana menos de 1.500 euros al mes, frente al 19% de los propietarios que se sitúa en ese nivel. En España hay 18,5 millones de viviendas principales, de las cuales solo el 16% (tres millones) son alquiladas, mientras que el 74% son de propiedad.
El alquiler se ha vuelto más popular en los últimos años porque comprar una vivienda es cada vez más difícil. Los precios altos, la falta de ahorro, la inestabilidad laboral con salarios estancados y el encarecimiento de las hipotecas son algunos de los factores que dificultan el acceso a la propiedad.
La demanda de vivienda se concentra en las áreas y ciudades con más actividad económica, lo que provoca que los precios del alquiler suban, dificultando el acceso a la vivienda y creando precariedad en las familias, según el estudio financiado por el Ministerio de Consumo.
A pesar de estas dificultades, el 79% de los inquilinos quiere ser propietario de su vivienda en los próximos cinco años, pero solo el 42% cree que lo conseguirá.
El estudio de la OCU también resalta que el 33% de los inquilinos son de origen extranjero y señala la falta crónica de inversión en Vivienda de Protección Oficial de alquiler (VPO). El 85% de la oferta de vivienda en alquiler viene de propietarios privados, mientras que solo el 3% accede a vivienda de alquiler público, sin que haya medidas para corregir esta desigualdad.
La OCU alerta sobre la reducción de la oferta privada de vivienda en alquiler debido al miedo de los arrendadores a impagos, daños en la vivienda y la imposibilidad de recuperar su propiedad en caso de incumplimiento, agravando el desequilibrio entre la demanda creciente y la oferta en descenso. Además, hay 3,8 millones de viviendas vacías en España, según la OCU.
Ante el aumento de los precios del alquiler, la OCU afirma que el sistema actual de ayudas públicas a los inquilinos no está frenando la subida de precios. En su informe, piden al Gobierno que implemente un plan ambicioso de inversión en vivienda pública, que incorpore al menos 600,000 viviendas públicas en alquiler, que focalice las ayudas en los colectivos más vulnerables, que promueva políticas que descentralicen los centros de trabajo y que dé seguridad jurídica a los arrendadores particulares.
La OCU también defiende medidas extraordinarias, como el control de rentas o la suspensión de desahucios, pero considera que deben aplicarse de forma excepcional y con limitaciones temporales y circunstancias bien definidas.
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