Según ha dicho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento considera "lesivo" para los intereses de los madrileños y "contrario al principio de igualdad del artículo 2.3 de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA)", la representación de las corporaciones locales que recogen los nuevos estatutos.
Por su parte, el vicepresidente de Madrid, Ignacio González ha considerado una "incongruencia" que el Ayuntamiento quiera recurrir el Proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral de Caja Madrid, puesto que en su día miembros del Consistorio y del Consejo de Caja Madrid "votaron a favor del proyecto".
González ha indicado que el proyecto "todavía no está aprobado", por lo que el recurso anunciado por Cobo sería un "recurso futuro", que espera que no se utilice para "amedrentar o intentar orientar a los miembros de la Asamblea General".
Cobo, que ha asegurado que detrás de este recurso "no hay ningún enfado" contra la Comunidad de Madrid, sino sólo "la defensa de los intereses de los madrileños", ha explicado que Madrid pasaría de 70 a "tan sólo" 24 representantes, mientras otros municipios, como Majadahonda, con un 2 por ciento de la población de la capital, aumentan de 1 a 8 su representación.
A su juicio, la creación de dos circunscripciones -Comunidad de Madrid y el resto de comunidades autónomas- y el establecimiento de criterios de ponderación y limitación del número de representantes que "no tienen ningún amparo" en la LORCA, "se altera la representación que debería corresponder al Ayuntamiento de Madrid".
El recurso, que se interpondrá de forma inmediata, solicitará la anulación de la resolución del consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, de 3 de marzo de 2009, por la que se autoriza el proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral de Caja Madrid.
El Consejo de Administración de Caja Madrid también ha entrado en la polémica, al recordar al Gobierno de Esperanza Aguirre que dos tercios de sus miembros consideran "impuesta" la reforma de estatutos de la entidad, por lo que no descartan presentar recursos contra ésta.
Además, han insistido en que este órgano lo que aprobó el pasado jueves fue la remisión de los nuevos estatutos a la Asamblea General de la entidad "por imperativo legal", para que los vote el próximo 23 de marzo, pero que no han aprobado el proyecto, como ha mantenido Ignacio González.
De hecho, 14 miembros del Consejo -los representantes del Ayuntamiento de Madrid, de Comisiones Obreras, de Izquierda Unida y uno de los del PSOE- mostraron su rechazo "frontal" a una reforma que calificaron de "anticonstitucional e ilegal, innecesaria, no consensuada y una grave injerencia política que no respeta la representatividad y la igualdad de los sectores".