De acuerdo con este documento, fechado el pasado 9 de junio, las pérdidas de CCM, intervenidas por el Banco de España desde el pasado 28 de febrero, que se elevaron a 762 millones de euros antes de impuestos, contrastan con las ganancias de 142,35 millones declarados en 2007.
El informe de auditoría, elaborado por Ernst and Young, ha señalado que estos resultados son consecuencia en buena parte por la imposibilidad de evaluar el impacto en las cuentas de las participaciones de la caja en el Aeropuerto de Ciudad Real y en El Reino de Don Quijote, así como en otras sociedades participadas.
Los auditores destacan en su documento que no han dispuesto de las cuentas anuales auditadas de las sociedades arriba reseñadas, que le suponen un "coste, neto de correcciones por deterioro" de 104,8 millones de euros, a los que habría que sumar "92,4 millones de euros de inversiones contabilizadas como AFDV (El Reino de Don Quijote de la Mancha, S.A, entre otros)".
Este informe también indica que, a pesar de las pérdidas brutas de 762 millones, su "posicionamiento en el sector inmobiliario" le proporciona la posibilidad de obtener 406,7 millones por créditos fiscales, "cuya recuperación está condicionada a la evolución futura de los resultados" de la entidad.
Los auditores también señalan que la caja de ahorros presenta un déficit regulatorio de recursos propios de 539,2 millones de euros y un exceso de concentración de riesgos.
Por su inversión en otras sociedades, el auditor calcula que podría haber unas pérdidas por importe de 18,1 millones de euros.
En cuanto a otros detalles de la cuenta de resultados de cierre de 2008, hay que destacar que están condicionadas por las pérdidas por deterioro de activos, ya que se multiplicaron por seis, de 119,7 a 873,78 millones.
De la tradicional estructura de la cuenta, el margen de intermediación cayó el 2,44 por ciento, hasta 341,6 millones, mientras que el margen de explotación pasó de un resultado positivo de 155,3 millones en 2007 a un pérdida de 752,5 millones el año pasado.
Por otra parte, los auditores han señalado que "no se han podido satisfacer de la razonabilidad de la provisión por deterioro dotada por 33,3 millones de euros sobre inversiones crediticias que por 882 millones corresponden a financiaciones con garantía hipotecaria de terrenos".