La legalización de la marihuana podría pagar los principales gastos de los Presupuestos
Canadá se ha convertido recientemente en un país donde es legal consumir cannabis con finalidades recreativas, algo que primer ministro canadiense, Justin Trudeau, defendió por varios motivos, entre ellos mantener la sustancia alejada de los menores mediante el control, además de las cuestiones económicas que supondría para el país.
Antes que Canadá, Uruguay ya la había legalizado y algunos estados de Estados Unidos. Ahora puede que le toque el turno a Europa, aunque en algunos países como Alemania o Portugal el consumo con fines terapéuticos está permitido.
Pablo Iglesias ha llevado el debate al Congreso, donde ha pedido que España “sea inteligente” para regular el cannabis tanto con fines terapéuticos como recreativos, el líder de la formación morada asegura que “nos conviene ser una referencia en Europa de algo que va a ocurrir en todos los países europeos. Hay que aprovechar una oportunidad que puede traducirse en grandes beneficios para nuestro país y, sobre todo, para los ciudadanos. Aquí no caben hipocresías, todo el mundo sabe ya que se terminará regulando”
Una de las consecuencias de una hipotética legalización del cannabis en España, supondría en el ámbito económico un ingreso al erario público español de 3.312 millones de euros anuales en concepto de impuestos y cotizaciones a la seguridad social. Estos números son con los que trabaja la Universidad Autónoma de Barcelona, tras realizar un análisis sobre las repercusiones económicas que tendría la legalización del cannabis en nuestro país.
En los Presupuestos Generales del Estado del 2019 presentados por Pedro Sánchez, el supuesto ingreso a las arcas españolas de 3.312 millones de euros, podría pagar las principales propuestas del gobierno. Entre estas estaría el incremento del salario mínimo profesional a 900 euros al mes (impacto de 340 millones de euros), equiparaciones de los permisos de maternidad y paternidad (300 millones de euros), protección del alquiler y el acceso a la vivienda (630 millones), actualización de las pensiones con el IPC (1.000 millones) y aumento de las ayudas a los dependientes (315 millones).