Los sindicatos griegos amenazan con nuevas huelgas ante el temor de las privatizaciones

Pese a que el ministro de Finanzas griego, Yorgos Papaconstantinou, prometió ayer en Atenas que la empresa pública de electricidad DEI "no será privatizada" pese las recomendaciones de expertos internacionales, los sindicatos anunciaron hoy que están preparados para convocar nuevas huelgas.

Una misión de expertos de la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, estuvo en Grecia durante los últimos diez días para analizar las reformas emprendidas por el gobierno socialista griego.

Los expertos se mostraron satisfechos con lo emprendido hasta ahora, con lo que dieron vía libre a la entrega de un segundo tramo de 9.000 millones de euros en ayudas internacionales, aunque presentaron una lista de recomendaciones.

Entre esas medidas, destaca la de privatizar al menos el 40 por ciento de las centrales eléctricas del país.

Ante la negativa del gobierno, los expertos internacionales han concedido a Atenas un plazo hasta diciembre para presentar medidas alternativas, que podrían incluir colaboraciones e inversiones con compañías privadas, sin perder el Estado control sobre el sector.

La firmeza del Gobierno griego ha satisfecho sólo parcialmente al sindicato de DEI, cuyo presidente, Dimitrios Fotopulos, ha advertido de que "los trabajadores no se relajarán" y estarán "al pie del cañón" para nuevas movilizaciones.

Por otra parte, el sindicato de los Ferrocarriles Helénicos (OSE), expresaron hoy su temor a que entre 800 y 1.000 de sus empleados sean despedidos en los próximos meses en el marco del programa de saneamiento de la empresa, que actualmente pierde unos mil millones de euros anuales.

Según fuentes del comité de empresa de OSE, los empleados de los ferrocarriles están dispuestos "a sangrar" si el Gobierno realiza los planes de privatización y despidos.

Malestar entre los sindicatos griegos ha causado además el anuncio de Papaconstantinou de conceder al sector bancario griego ayudas adicionales de hasta 25.000 millones de euros, con el objetivo de impulsar el crédito a hogares y empresas.

Los sindicatos critican que el desembolso se produce en el mismo momento que las medidas de ajuste, como recortes de sueldos y aumentos de impuestos, están afectado la vida cotidiana de la población.