La caída de Julen se investiga como una negligencia castigada con hasta 4 años de prisión

Desde que el Seprona de la Guardia Civil pisó Totalán comenzó la investigación penal porque como mínimo alguien cometió una negligencia que provocó la caída del pequeño Julen en un pozo de 100 metros de profundidad. Es un delito de lesiones por imprudencia, si lo rescatan vivo, o de homicidio por imprudencia si no sobrevive. La pena llegaría a los 4 años de prisión. El responsable es el pocero si no selló el pozo, o el dueño de la finca, novio de una prima de la familia. Incluso tendría responsabilidad la empresa que hizo obras ilegales para construir una casa si desplazó el sellado para hacer la zanja en la que Julen jugaba temerariamente junto al pozo abierto. Ellos se echan la culpa. El culpable será responsable de indemnizar a los padres del niño, y del coste del rescate; 23 empresas privadas y públicas que de momento lo hacen voluntariamente. Pero solo el empleo de la maquinaria y materiales (sin gastos de personal) ya cuesta más de 600.000 €, según la estimación hecha por Guardia Civil aportada al juzgado. No incluye los daños ecológicos y tampoco está cuantificado el de las fincas aledañas a las que, como mínimo, han arrancado árboles. También la Confederación de Aguas multará al dueño de la finca y al pocero por la ilegalidad del pozo. Uno por no pedir permisos para la cata y otro por no verificar que había permisos antes de perforar. La multa estará agravada porque Julen cayó, serán 300.000 €. Por la obra ilegal para hacerse una casa, el familiar de Julen tendrá otra multa del ayuntamiento.